Desde la Colonia la minería se constituyó en una actividad productiva de importancia para el Reino de Chile. Durante el siglo XIX, cobró gran dinamismo y se transformó en la principal actividad económica a nivel nacional, así producción minera y expansión industrial se integraron en un solo referente. Sin embargo, paralelamente a la importancia económica que adquirió este subsector, la minería se fue transformando en una de las actividades productivas más invasivas, causando un fuerte impacto ambiental en las zonas donde se desarrollaba. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, prácticamente no existió conciencia ambiental, lo que impidió que la explotación de los recursos naturales vinculados a la minería fuesen evaluados en forma negativa, preponderando siempre el progreso económico por sobre las materias medioambientales.

Hacia 1964 se produjo lo que se denominó la "chilenización" de la minería cuando se asoció el Estado chileno a capitales norteamericanos, lo que implicó un gran auge de producción. Sin embargo, este proceso de intervención del Estado en la explotación y producción de las actividades mineras continuó progresivamente hasta culminar en la nacionalización de la Gran Minería cuando, a través de la Ley 17. 450 en 1971, el Estado se hizo cargo de las minas más importantes del país. Sólo 6 años después, en 1977, a través del Decreto Ley N° 1.759, el régimen militar permitió la incorporación de capitales extranjeros, generando un sistema compartido de explotación, aún cuando algunas de las minas nacionalizadas continuaron en manos del Estado, como fue el caso de Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente.

Un hecho clave para los impactos ambientales provocados por la minería, fue la promulgación, en 1974, del Decreto Ley 600 de Estatuto de Inversión Extranjera. Dicho decreto, al fomentar la inversión de modo estructural bajando sustancialmente las tasas tributarias y generando un trato igualitario para las empresas nacionales y extranjeras, hizo que entre los años 1974 y 1983 los niveles de inversión extranjera en la minería, alcanzaran ribetes históricos. Como repercusión de esta "liberación" se produjo una fuerte expansión de la actividad que influyó, de modo directo, en la generación de importantes impactos ambientales, que fueron paulatinamente adquiriendo notoriedad hasta hacerse insostenibles.

No fue sino hasta 1990, cuando las autoridades, en el marco de una mayor sensibilidad por el tema, comenzaron a discutir posibles medidas para detener el impacto ambiental de la actividad minera. En un principio la discusión se centró en la contaminación atmosférica de las fundiciones y en los tranques de relave. Casos emblemáticos fueron la fundición Ventanas, cuyo abundante humo negro se dejaba ver a muchos kilómetros de distancia, y la mina El Salvador, que vertía sus relaves en el mar. A los casos anteriores se sumaba también la destrucción sistemáticamente de predios y regiones agrícolas, junto con la contaminación de los canales de regadío.

Así, se comenzó a regularizar la contaminación minera, iniciándose la búsqueda de una coexistencia de la protección ambiental con el desarrollo económico a través del impulso de una legislación apropiada. A partir del Decreto Nº 185 de 1992, y en el marco de un acuerdo voluntario entre diversos sectores productivos y el Estado, se iniciaron planes de descontaminación en las 5 fundiciones de cobre estatales y se implementaron estudios de impacto ambiental en toda nueva faena minera, lo que finalmente derivó en que más del 60% de aquellos estudios correspondiera al sector minero. Al mismo tiempo, la Ley de Bases del Medio Ambiente (1994) y la promulgación de su reglamento en 1997, impusieron una mayor conciencia ambiental en las actividades mineras del país.

A pesar de esta tardía toma de conciencia, aún se manifiestan casos específicos de contaminación, como la mina Los Pelambres en la IV región, que ha sido denunciada por derramar residuos industriales líquidos en ríos de la zona.