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Legislación apropiada

La legislación minera en Chile tiene sus primeros antecedentes en ordenanzas dictadas desde la corona española para México y Perú. A partir de ellas, la Ordenanza de Nueva España se promulgó en 1787 en Chile, entrando en vigencia inmediatamente.

En la República, esta misma normativa fue declarada ley en 1833 y mantuvo su vigencia como directriz legislativa hasta la promulgación del Código de Minería en 1874. Con esta base legal, la minería se organizó institucionalmente a partir de tres instancias: la Real Administración de Minería, entre 1787 y 1801; el Tribunal de Minería, entre 1802 y 1818; y finalmente la Administración de Minería, entre 1819 y 1826. Tras una serie de modificaciones al Código de 1874, este se afianzó en el de 1932, que rigió por más de cincuenta años.

En 1971, mediante Decreto Ley N° 17.450, un suceso de alto impacto mundial modificó la legislación, y nacionalizó la Gran Minería del Cobre y generó la dictación de un renovado Código de Minería. Esta disposición legal cambió en 1977, ya que se introdujo, mediante el Decreto Ley N° 1.759, un sistema mixto de propiedad minera, permitiendo la incorporación de capitales extranjeros a las empresas mineras nacionalizadas.

Así, es posible afirmar que "la legislación ambiental en minería ha tenido históricamente la tendencia a desarrollarse en forma paralela e independiente de la legislación minera fundamental (Código de Minería). En este sentido, tanto el Código de Minería, como el Código de Aguas y el Decreto-Ley 600, sobre Estatuto de Inversión Extranjera, carecen de normas que se refieran al medio ambiente y su protección" (Verdugo Ramírez de Arellano, Ignacio. Legislación Ambiental en el ámbito de la minería, p 96).

Este panorama de ausencia de una legislación ambiental para la industria minera cambió durante la década de 1990. El Decreto Nº 185 promulgado por el Ministerio de Minería en 1992, buscó regular las fuentes fijas de contaminación del aire. En esta línea, por ejemplo, la Fundición Ventanas vio fuertemente restringido sus niveles de contaminación atmosférica. En 1992, el Ministerio de Salud fijó una norma que definió un límite para la contaminación del aire en la Región Metropolitana y, ese mismo año, Chile adhirió al Convenio de Basilea sobre el control del tránsito interfronterizo de residuos peligrosos.

A su vez, en materia legal, resultó fundamental la promulgación de la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente (1994). A partir de ella, la minería, como otras actividades productivas, debió seguir evaluaciones de impacto ambiental, por lo que el efecto de sus acciones sobre el medio ambiente se vio regulado de modo creciente.