El Decreto Ley Nº 1.759, promulgado el 13 de abril de 1977, introdujo cambios en el código de minería. Partiendo de la base que "la minería es una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país", la nueva legislación estimó que "para los efectos de estimular la actividad minera sin causar menoscabo a los derechos de los titulares de pertenencias, es conveniente introducir modificaciones al sistema de amparo vigente para obligar, indirectamente, a hacer producir las minas y asegurar, así, el cumplimiento de la función social de dichos derechos". La enmienda introdujo la posibilidad de explotación de las minas a manos de terceros, antes sólo responsabilidad del estado chileno.