Entre las décadas de 1850 y 1880, se desarrollaron diferentes discusiones políticas en Chile a nivel de gobierno, del Congreso Nacional y de la opinión pública, en relación con las leyes laicas, la libertad de culto, las nociones de ciudadanía existentes en la época y la extensión del sufragio como derecho ciudadano. Además, esporádicamente se plantearon reformas a la Constitución Política de la República de 1833 y a las leyes electorales, lo que permitió que se abordaran problemáticas como el derecho a sufragio para las mujeres.

En ese contexto, una de las primeras voces a favor del sufragio para las mujeres chilenas fue Abdón Cifuentes (1836-1928), quien, junto con mostrar su apoyo como parlamentario a las solicitudes propiciadas por mujeres de la elite nacional, en 1865 dictó el discurso "Acerca del derecho electoral de la mujer", en la Sociedad Literaria San Luis, perteneciente al Colegio de San Luis.

Tanto el discurso de Cifuentes como otras opiniones -a favor y en contra- del derecho a sufragio generaron reacciones en la ciudadanía. En 1875, un grupo de mujeres en algunas ciudades del país acudieron a inscribirse en los registros electorales con la finalidad de participar en las elecciones presidenciales de 1876, bajo el argumento de que la ley y la Constitución permitían a todos los "chilenos" ejercer ese derecho.

Esta acción, junto con el ingreso de las mujeres a la Universidad y la presentación de un proyecto de sufragio para las mujeres, produjeron en el parlamento la discusión de una reforma a la Ley Electoral que respondiera a las demandas de mayor participación. Sin embargo, esta discusión entre los parlamentarios condujo a la prohibición explícita del derecho de las mujeres chilenas a participar de elecciones, con la reforma promulgada en enero de 1884.

A inicios del siglo XX, los primeros movimientos de mujeres de las clases alta y media, así como también de la clase trabajadora y los sectores populares, comenzaron un proceso de organización y consolidación. Estas agrupaciones levantaron sus propias demandas, entre ellas, las del derecho a sufragio y la participación política de las mujeres (Stabili, María Rosaria. "El sexo de la ciudadanía: Las mujeres y el sufragio en el Chile liberal (1875-1917)". En Potthast, Bárbara y Scarzanella, Eugenia. Mujeres y naciones en América Latina. Problemas de inclusión y exclusión. Madrid: Iberoamericana, 2001, p. 135-144).

En la década de 1920, las organizaciones que más presionaron al Congreso y al gobierno de Arturo Alessandri Palma (1868-1950) por acceder a este derecho ciudadano fueron el Consejo Nacional de Mujeres (1919-1930), la Unión Femenina de Chile (1927-1935), el Partido Cívico Femenino (1922-1939), la Unión Patriótica de Mujeres de Chile (1925), entre otras, que lograron que se discutieran varios proyectos de ley para reformar la ley electoral y el Código Civil y que fuera un tema relevante en el proceso constituyente que dio como resultado la promulgación de la Constitución Política de la República de 1925 (Lavrin, Asunción. Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940. Santiago: DIBAM, 2005, p. 374-380).

Junto con esta acción de las organizaciones feministas, en el ámbito intelectual y académico, este tema también fue de discusión permanente, lo que se tradujo en publicaciones de debates, tesis y estudios en los que se analizaron argumentos a favor y en contra de otorgar el derecho a sufragio a las mujeres del país.

Tras la promulgación de la Constitución de 1925, la demanda por el derecho a sufragio para las mujeres se mantuvo vigente, aunque sin concretarse. Durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, la discusión pública y parlamentaria decantó en la reforma a la Ley de Elecciones de 1934, que otorgó a las mujeres chilenas tanto el derecho a sufragio como la posibilidad de participar como candidatas en los procesos de elecciones municipales.

Con la participación de las mujeres en las elecciones municipales del periodo que va desde 1935 a 1947, se abrió nuevamente la discusión sobre la ampliación de la democracia chilena, incluyendo la situación de las mujeres, quienes, a través de dos nuevas organizaciones -el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCh) y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF)- presionaron a la sociedad en general y a los partidos políticos en particular, para debatir sobre su participación en elecciones parlamentarias y presidenciales (Gaviola Artigas, Edda. Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno 1913-1952. Santiago: Centro de Análisis y Difusión de la Condición de la Mujer, 1986, p. 43-51).

De esa forma y con el apoyo de los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), Juan Antonio Ríos (1888-1946) y Gabriel González Videla (1898-1980), se presentaron nuevos proyectos de ley, redactados por las propias organizaciones feministas, dando como resultado la promulgación de la Ley N° 9.292 del 8 de enero de 1949, que reformó las leyes electorales chilenas y entregó el derecho a sufragio universal a las mujeres del país, quienes participaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 1952.