Durante la década de 1920, en el Congreso Nacional, los legisladores debatieron en torno a la ampliación de los derechos civiles y del sufragio para las mujeres. Estas discusiones se sumaron a la postura favorable del gobierno de Arturo Alessandri Palma (1868-1950) y de las diferentes organizaciones y partidos feministas que presionaron por obtener dichos derechos.

El Consejo Nacional de Mujeres, por ejemplo, planteó a Alessandri "su aspiración de contar con derechos políticos plenos sugiriendo la idea de que un primer paso podría ser el otorgamiento del derecho a sufragio en las elecciones municipales" (Errázuriz, Javiera. "Discursos en torno al sufragio femenino en Chile. 1865-1949". Revista Historia. Volumen II, número 38, julio-diciembre de 2005, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 265).

El Partico Cívico Femenino, por su parte, presionó a las cámaras legislativas para ampliar los derechos laborales, políticos y civiles de la mujer. Dicha presión tuvo como resultado la presentación de varios proyectos de sufragio y emancipación de la mujer por parte de algunos diputados, los que finalmente no fueron aprobados (Errázuriz, p. 265).

En 1925, el Partido Demócrata Femenino presentó a la Junta de Gobierno un proyecto de modificación de la ley electoral reformada el 23 de septiembre de ese mismo año por el Decreto Ley N° 542, que cambiaba la palabra "varones" por "ciudadanos chilenos". Además, solicitó participar en la Comisión Consultiva de la Asamblea Constituyente, con la finalidad de dar derechos políticos a la mujer chilena a través de la nueva Constitución Política (Gaviola, Edda. Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno 1913-1952. Santiago: Centro de Análisis y Difusión de la Condición de la Mujer, 1986, p. 36-37).

En 1931, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), se publicó el "Decreto con Fuerza de Ley N° 320, de 20 de mayo de 1931, en el que se le otorga el derecho a votar en las elecciones municipales a las mujeres mayores de 25 años, propietarias de un bien raíz y las que figuren en el respectivo Rol de Patentes Municipales por pago de impuestos correspondientes no inferior a $60 anuales". No obstante, este decreto fue desestimado al caer el régimen de Ibáñez (Cámara de Diputados de Chile. Participación política de la mujer en Chile. Santiago: Cámara de Diputados de Chile, 2019, p. 9).

Luego de estas iniciativas legislativas y presiones por parte de organizaciones feministas, durante el segundo gobierno de Alessandri, se legisló a favor de reformar la ley electoral y otorgar el sufragio a las mujeres para las elecciones municipales de 1935. El proyecto tuvo un apoyo transversal, aunque sus principales adherentes fueron el Partido Radical y el Partido Conservador, que desde las décadas previas ayudaron a visibilizar las demandas feministas.

La discusión legislativa se centró en los alcances del sufragio para las mujeres. En este sentido, hubo acuerdo en que "la administración municipal (…) era como la de una casa grande, donde el aseo, la salubridad, el hermoseamiento de los jardines y el abaratamiento de las subsistencias coincidían totalmente con lo que se consideraba que era el rol doméstico tradicional femenino" (Gaviola, p. 59).

El 15 de enero de 1934, se promulgó la Ley General sobre Inscripciones Electorales y la Ley N° 5.357 sobre Inscripciones y Elecciones Municipales, que en su título III, artículo 19, especificó que tenían derecho a inscribirse en el Registro Municipal: "a) Las mujeres de nacionalidad chilena mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y residan en la comuna correspondiente; y b) Los extranjeros, varones y mujeres mayores de 21 años, con más de cinco años consecutivos de residencia en el país, que sepan leer y escribir y que residan en la comuna correspondiente." (Dirección del Registro Electoral. Ley General sobre Inscripciones Electorales. Santiago: Empresa periodística "El Imparcial", p. 63).

La misma ley, en el título IV, artículo 56, estableció que "para poder ser elegido regidor se requiere: a) Ser chileno; b) Tener los requisitos necesarios para inscribirse en los Registros Electorales Municipales; c) Tener residencia en la comuna por más de un año; Las mujeres podrán también ser elegidas" (Dirección del Registro Electoral, p. 82).

La Ley General sobre Inscripciones Electorales se hizo efectiva en el proceso electoral del 7 de abril de 1935, aunque "no produjo un movimiento masivo de mujeres por inscribirse y votar. De hecho, fueron pocas las que lo hicieron: de un total de 850.000 potenciales nuevas votantes, se inscribieron apenas 76.049, esto es, apenas un 9% de las mujeres que podían votar. Casi la mitad de la votación femenina fue para el Partido Conservador, con lo que este se convirtió en la mayor fuerza electoral del país. De las 98 candidatas presentadas, salieron elegidas 25; 16 de ellas adherían al Partido Conservador" (Errázuriz, p. 276).

La tendencia de los votos de mujeres hacia el Partido Conservador fue explicada, primero, por el apoyo de ese partido a los movimientos feministas de mujeres de la elite nacional y, segundo, porque partidos de centro e izquierda no tuvieron una actividad mayor para fomentar la inscripción y participación de mujeres de los sectores populares, obreros y de clase media (Errázuriz, p. 276).

Esa opinión crítica fue apoyada por las organizaciones feministas, quienes postularon que, en las elecciones de 1935, triunfó "la indiferencia del mundo femenino por participar en este evento. Condicionadas por su rol doméstico, muy pocas mujeres se interesaron por esta primera prueba" (Gaviola, Edda, citada en Errázuriz, p. 277). Esta situación motivó a las agrupaciones y partidos políticos feministas a reforzar su trabajo de fomento de la inscripción y participación de las mujeres en los sucesivos procesos eleccionarios.

Para consolidar los nuevos derechos políticos de las mujeres y ampliar sus derechos civiles, junto con la ley electoral, se debió reformar también el Código Civil, lo que se realizó a través de la Ley N° 5.521 que iguala a la mujer ante el derecho, promulgada el 19 de diciembre de 1934 (Klimpel, Felicitas. La mujer chilena: (el aporte femenino al progreso de Chile) 1910-1960. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1962, p. 57).