Durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando lentamente una institucionalidad democrática, en el contexto de un sistema político con altos grados de estabilidad. La maduración de las instituciones democráticas tuvo que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta intervención electoral del poder ejecutivo, y con una sociedad altamente jerarquizada que concentraba el poder político en una pequeña elite de terratenientes y comerciantes. Durante el siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la participación de nuevos sectores sociales, en un proceso que fue interrumpido con el golpe de Estado de 1973, y que sólo se retomó en 1989, con el retorno a la democracia.

Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en las que se eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas entre distintas facciones internas que la sucedieron, impidieron una consolidación de las instituciones políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria conservadora de 1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y fuertemente presidencialista, que se expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente elecciones presidenciales y parlamentarias, éstas estaban marcadas por la intervención del poder ejecutivo. Las elecciones, en las que casi siempre ganaba el oficialismo, eran en la práctica verdaderos rituales políticos en las que lo más importante no era obtener el apoyo de los electores sino el del gobierno de turno, con el fin de aparecer en la lista oficial de candidatos.

El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las prerrogativas presidenciales, llevó a la aprobación de una serie de reformas entre 1871 y 1891 que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad para intervenir en el proceso electoral. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral de 1874, que amplió el derecho de sufragio; las reformas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto; y la ley de Comuna Autónoma aprobada tras la revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central. Aunque todas esas reformas acabaron definitivamente con el intervencionismo electoral del gobierno, las elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo de irregularidades y el poder político siguió concentrado en una reducida elite.

Las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas irrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la pauta para el posterior desarrollo político durante el siglo XX. Los niveles de participación electoral aumentaron gradualmente, y la conformación de partidos políticos de izquierda como el comunista (1922) y el socialista (1933) transformó el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de Carlos Ibáñez en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de fuerte competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al Frente Popular, la primera victoria electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile.

El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la cédula única electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile. La movilización masiva de la población a fines de la década de 1960 e inicios de los setenta, en un contexto de alta polarización política, se interrumpió abruptamente con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende.

La dictadura militar que se inició en 1973 llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. La población se inscribió masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, así como en las otras elecciones realizadas hasta el 2006, la composición del parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia de senadores designados por los militares y por un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular.

En el año 2012 se aprobó la Ley N° 20.568 que reformó el sistema de sufragio universal, instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. Así se incorporó a cerca de 4.500.000 nuevos electores, quienes tendrán la libertad de elegir si quieren votar o no en las distintas elecciones.

En abril de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet, promulgó la Reforma Constitucional que otorga derecho a voto desde el exterior para plebiscitos, primarias presidenciales y presidenciales. Siendo aprobada en la Ley 20.960.