Las reformas electorales aprobadas en 1888 y 1890, junto con la ley de Comuna Autónoma promulgada en 1891, despojaron definitivamente al poder ejecutivo de la capacidad para intervenir en los procesos electorales. Las reformas de 1888 y 1890 crearon por primera vez un registro permanente de electores a cargo de las autoridades locales, eliminando la necesidad de inscribirse para cada elección. Asimismo, adoptaron medidas tendientes a garantizar el secreto de la votación, regularon el procedimiento de escrutinio e instauraron un sistema de voto acumulativo de tipo proporcional que permitía garantizar la representación de las minorías en el Congreso Nacional.