Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la muerte del presidente Salvador Allende Gossens (1908-1973), las autoridades del Ejército conformaron una Junta Militar de Gobierno.

El nuevo régimen de facto estuvo compuesto por cuatro miembros: el Comandante en Jefe del Ejército y primer presidente de la junta, Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006); el recién ascendido a Comandante en Jefe de la Armada, José Toribio Merino (1915-1996); el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh Guzmán (1920-1999); y el General Director de Carabineros de Chile, César Mendoza Durán (1918-1996).

La primera comunicación entregada por la Junta -consistente en un ultimátum al gobierno- fue emitida el 11 de septiembre y publicada posteriormente en el periódico El Mercurio, el 13 de septiembre. En esta se adujo la incapacidad del presidente, su gabinete y de la coalición política para seguir ejerciendo sus facultades y controlar la aparición de grupos paramilitares, "entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil", por lo que debían entregar el poder a las Fuerzas Armadas y de orden, quienes iban a iniciar -según su visión- "la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la Patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista; y la restauración del orden y la institucionalidad" (El Mercurio. Santiago, 13 de septiembre de 1973, p. 3).

Los militares golpistas aseguraron además a los trabajadores y al "pueblo de Chile" que "las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental". Se obligó, también, a los medios de comunicación asociados al gobierno a suspender sus actividades y posteriormente las antenas de radio fueron bombardeadas en conjunto con el Palacio de La Moneda (El Mercurio. Santiago, 13 de septiembre de 1973, p. 3).

Luego, por medio del Bando N° 5 del mismo día 11, la Junta declaró que el gobierno había "incurrido en una grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de la libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho en general, a una digna y segura subsistencia"; que fomentó la lucha de clases "quebrando la unidad nacional" y llevando al país a una "lucha fratricida"; que actuó al margen de la Constitución y las leyes de la República, "extralimitándose en sus atribuciones" y dejando el destino del país en manos de "comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan". Declaró además, que el gobierno de la UP produjo una profunda crisis que llevó al desquiciamiento "moral y económico". A partir de estos argumentos, la Junta concluía "que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del Gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su Pueblo Soberano".

En razón de lo anterior, las Fuerzas Armadas se atribuyeron "el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir" (Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. La Junta de Gobierno militar: poder constituyente y legislativo, 11 de septiembre de 1973-11 de marzo de 1990. Santiago. Ediciones Biblioteca Nacional de Chile, 2021, p. 24-25).

Con el Bando N° 5 del martes 11 de septiembre de 1973, comenzó un proceso de legitimación política y jurídica de la toma del poder por la fuerza y la dictadura cívico-militar, que gobernó a través de bandos militares y luego por medio de los "decretos con fuerza de ley". El día 15 de septiembre el presidente de la Corte Suprema tomó juramento a la Junta y colocó la banda presidencial a Augusto Pinochet, quien fue designado como Jefe Supremo de la Nación.

Si bien desde un inicio el cargo de presidente de la Junta sería rotativo, esto nunca sucedió: Pinochet acumuló el poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de orden, mientras que la Junta en pleno se apropió del poder Constituyente y Legislativo, y tuvo amplia influencia sobre el poder Judicial, que quedó en manos de tribunales civiles y militares (Seguel, Pablo. Soldados de la represión: anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022, p. 361).

En el ámbito represivo, comenzó la organización de las instituciones de inteligencia, "como fue la creación de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), órgano paraestatal y policía secreta que violó sistemáticamente los derechos humanos de ciudadanos chilenos y que desplazó a los sistemas de inteligencia de las diferentes ramas de las FF.AA., dejando tales servicios en las manos del general Pinochet" (Tironi, Eugenio. Autoritarismo, modernización y marginalidad: el caso de Chile 1973-1989. Santiago: Sur, 1990, p. 139).

Respecto de la situación nacional, la Junta decretó, a través de la Constitución de 1925 y el artículo 418 del Código de Justicia Militar, el estado de sitio con denominación de "Tiempo de Guerra", lo que les entregó amplias facultades para iniciar las acciones represivas en contra de quienes consideraron enemigos de la nación. Además, "la Junta nombró muy pronto una Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (CENC), para elaborar un anteproyecto de una nueva Constitución Política. No se proyectaba una dictadura militar sin fin" (Loveman y Lira, p. 14).

Por su parte, Augusto Pinochet consolidó su poder al interior de la Junta en el año 1978, a través de la destitución del general Leigh, quien tuvo opiniones disimiles con el resto de sus miembros y planteó la necesidad de avanzar hacia el retorno al régimen de normalidad democrática en un lapso de diez años.