La discusión sobre la abolición de los mayorazgos y vinculaciones fue intensa durante la primera mitad del siglo XIX. En 1818 Bernardo O'Higgins realizó un intento fallido de abolirlos, situación que se repitió en 1823, 1825, 1827 y 1828 con los sucesivos gobiernos. Aunque la constitución aprobada en esa fecha declaró abolidos los mayorazgos, el triunfo conservador del año siguiente los volvió a restablecer.

La Constitución de 1833 permitió la libre enajenación de los bienes, a condición de que se aseguraran a los herederos el valor de lo enajenado. Sin embargo, sólo en 1852 se declararon abolidos los mayorazgos, reglamentándose el procedimiento por medio del cual se verificarían las ex-vinculaciones. En 1857 una nueva ley confirmó la extinción de las vinculaciones, cuyas propiedades pasaron a regirse por el nuevo Código Civil.

Se presentan a continuación dos folletos de 1827 y 1828, el primero de ellos firmado por varios poseedores de mayorazgos en el cual apoyan la ex-vinculación de los mismos, y otro firmado por Juan Egaña, en el que se defiende la mantención del sistema. Se incluyen también tres discursos parlamentarios pronunciados en 1850, a través de los cuales se puede seguir la discusión política que generó el tema de los mayorazgos durante el siglo XIX.