Durante el siglo XVIII la sociedad colonial chilena adquirió madurez y estabilidad. Las exportaciones de trigo hacia el Perú, el desarrollo minero en los valles del norte chico y el levantamiento de las restricciones al comercio sentaron las bases de una relativa prosperidad económica. La administración colonial fue completamente reestructurada durante la segunda mitad del siglo, y se dio inicio a un vasto programa de fundación de ciudades y villas. Al centro del sistema social se ubicó una nueva aristocracia terrateniente y comercial, sucesora de la elite de encomenderos y militares que por más de un siglo y medio manejó el país.

El estrato dominante estuvo compuesto por dos elementos: los españoles y los criollos, descendientes éstos de españoles avecindados en el país. El elemento español estuvo sujeto a una constante renovación por la continua llegada de peninsulares, muchos de los cuales se arraigaron y sus hijos pasaron a ser parte de la aristocracia criolla. Muchos inmigrantes españoles llegaron a probar fortuna en el comercio o el ejército fronterizo, aunque el sector más influyente de ellos ingresó a la administración colonial, constituyéndose en mediadores entre la metrópolis y la aristocracia local. Una parte importante de la inmigración española estuvo compuesta por vascos, quienes se dedicaron preferentemente a actividades comerciales. Su estilo de vida austero y esforzado, así como sus vínculos comerciales con España les permitió adquirir una considerable fortuna, lo que les facilitó el acceso a la elite criolla. Ésta, poseedora de grandes propiedades territoriales y de un inmenso prestigio social, no tardó en establecer alianzas matrimoniales con los recién llegados, integrándolos de esta manera a la clase dirigente.

En la medida en que se consolidó el poder y la riqueza de la nueva aristocracia dieciochesca, ésta buscó resaltar su prestigio social a través de la compra de títulos de nobleza y de órdenes de caballería, así como la creación de mayorazgos. Esta última institución permitió a su fundador heredar un conjunto de bienes muebles e inmuebles a su hijo mayor, los que quedaban vinculados a perpetuidad a la familia, impidiéndose su venta o división. La creación de mayorazgos estaba regulada por las leyes castellanas y requería la autorización real, al igual que la adquisición de títulos de nobleza y de órdenes de caballería, para los que se requería una fuerte suma de dinero.

La adquisición de títulos de nobleza y la fundación de mayorazgos resaltaron el poder y prestigio social de la nueva elite castellano-vasca, que tomó las riendas del país luego de la independencia. La eliminación de los títulos nobiliarios en 1817 y la agitada discusión ideológica en torno a los mayorazgos, que fueron abolidos en 1852, no alteró la posición de las familias que desde mediados del siglo XVIII se convirtieron en la nueva clase dirigente del país.