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Sectores excluidos

A pesar del evidente progreso que representó para amplios sectores de la población chilena la implementación de las distintas políticas sociales impulsadas por el Estado de Bienestar, numerosos sectores de la sociedad permanecieron excluidos a este tipo de beneficios. De modo general, las prestaciones de salud, previsión social, el apoyo a la vivienda y la integración al sistema educativo fueron medidas dirigidas a los trabajadores formales, contratados, con empleo regular y sus familias, marginando a todas aquellas personas que, por distintas circunstancias, se encontraban ajenas al mercado laboral o a su práctica formal.

Esta situación de exclusión se manifestó a través de distintas realidades. Por un lado, a lo largo del período comprendido entre 1924 y 1973, cientos de miles de personas se mantuvieron analfabetas y relegadas del sistema educacional. Del mismo modo, conventillos, cuartos redondos, "poblaciones callampas", campamentos y tomas de terrenos albergaban a aquellas familias desprovistas de una vivienda definitiva obtenida por medio de la acción estatal. Asimismo, aquellas personas que no poseían un contrato de trabajo, no accedían a ninguno de los beneficios de jubilación que la Caja del Seguro Obrero Obligatorio otorgaba.

La expresión más clara de esta segregación la representaron las personas en situación de calle y, en particular, los niños y niñas sin hogar que deambulaban por las ciudades chilenas.

Al asociarse la pobreza material con el abandono, la discriminación, el conflicto con la justicia, la enfermedad mental y el alcoholismo, estas personas no fueron objeto de una política social específica de parte del Estado. Sólo en el caso de niños y niñas se establecieron instituciones y medidas legislativas que buscaron reinsertarlos en la sociedad, como la Ley de protección a la Infancia Desvalida de 1928, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia en 1942 y el Consejo Nacional de Menores en 1966. Sin embargo, muchas de estas iniciativas asumieron un carácter punitivo y penitenciario, por lo que la integración social era un objetivo difícil de alcanzar.

La persistencia del fenómeno de la indigencia y la vida en situación de calle estimuló a variadas organizaciones privadas a establecer formas de ayuda a la población afectada, destacando en este sentido la fundación, en 1944, del Hogar de Cristo, institución que, liderada por el padre Alberto Hurtado Cruchaga, atendió a enfermos terminales, personas en situación de calle y menores de edad en abandono.