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Mecanismos parlamentarios

Tras la promulgación de la Constitución de 1833, el Congreso se convirtió en el lugar de ejercicio del poder que llevó a cabo las pugnas políticas sin la necesidad de enfrentamientos violentos. Para ello se utilizaron diversos mecanismos políticos y jurídicos con la finalidad de equilibrar el poder entre el presidente y el Congreso.

La preponderancia de los liberales en el Congreso tensionó las relaciones entre las instituciones, reflejando un cambio en la composición de la oligarquía. Esta clase social pasó de estar compuesta por terratientes a una mezcla entre terratenientes, empresarios industriales y mineros, comerciantes y profesionales. La diferencias y acuerdos entre estos grupos generaron dinámicas tendientes a la manipulación del sistema para poder mantener el dominio de la oligarquía por sobre el resto de las clases sociales (Cavarozzi, M., "El Estado oligárquico en Chile" en Revista Historia y Sociedad, 1978, Vol. 19, pp. 19-48).

Desde una perspectiva constitucional, la carta de 1833 permitió la intromisión del presidente en el Congreso a través de sus facultades extraordinarias, entre ellas el poder de clausurar las discusiones, vetar proyectos de ley o simplemente cerrar el Congreso a su conveniencia. Otra herramienta utilizada para impulsar discusiones, proponer ideas, programas de gobierno o encarar a los congresistas, fueron los discursos presidenciales, que se entregaban periódicamente con la finalidad de exponer avances o confrontar al propio Congreso. Estos mensajes recibían réplicas tanto del parlamento como de la opinión pública. La respuesta del Congreso se daba a través de las acusaciones o interpelaciones constitucionales a los ministros o los consejeros de Estado, la definición sobre la constitucionalidad de las prácticas y, el mecanismo más importante, la aprobación de las leyes periódicas como la de presupuesto.

Fuera del ámbito constitucional, los partidos políticos utilizaron una serie de herramientas fraudulentas para lograr ocupar escaños en el Congreso. Con el desarrollo económico del país, prácticas como el cohecho, es decir, el soborno para lograr favores políticos en pos de la dictación de leyes y decretos para favorecer negocios particulares, fueron parte de los mecanismos utilizados por los parlamentarios. Las relaciones entre empresarios y parlamentarios tuvieron como fin generar lazos para "celebrar contratos con el Estado, como proveedores, constructores de obras, compradores de terrenos fiscales, etc. Asumían también formas más sutiles, como poseer, simultáneamente al cargo público, nombramientos directivos en bancos o sociedades anónimas. […] El lucro no provenía de un mayor sueldo o algún soborno. El mecanismo era mucho más simple y menos visible. Un nuevo y buen contrato podía producir un alza de las acciones de la sociedad en cuestión y con ello un aumento de la rentabilidad de estas" (Fernández D., E., "Estado y Sociedad en Chile, 1891-1931". El Estado Excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad, Santiago: LOM, 2003, pp. 46-47).

Los partidos también utilizaron los fraudes electorales, como la falsificación de papeletas, el voto de ciudadanos fallecidos o incluso el robo de urnas para favorecer a sus candidatos al parlamento. En las zonas rurales se desarrolló además el "caciquismo", basado en la fuerte influencia que tuvieron los parlamentarios terratenientes sobre los campesinos e inquilinaje que dependía de la hacienda, y que sirvió para el arrastre de votos. La elección de uno u otro candidato permitió garantizar la representación de los diferentes grupos o partidos políticos y los intereses inmediatos de sus miembros (Heise G., J., Historia de Chile: el período parlamentario, 1861-1925: v. 2, Santiago: Editorial Universitaria, 1982).

El clientelismo también estuvo dentro de estos mecanismos parlamentarios, como lo señala el historiador Enrique Fernández, principalmente aquel basado en la provisión de cargos públicos que "se había convertido no solo en una práctica frecuente, sino constitutiva del sistema. Garantizaba, en las altas jerarquías, la provisión de rentables y estratégicos puestos para los miembros de "la sociedad" y a la vez la defensa de los respectivos intereses grupales. En los niveles inferiores, permitía "contentar" a las crecientes clientelas políticas y articular de ese modo parte de su fuerza electoral a lo largo del territorio" (Fernández, ídem, p. 45).

El uso de estas herramientas de manipulación del sistema político generó constantes fricciones con la figura del presidente, teniendo su momento más álgido en 1891 con el estallido de la guerra civil bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda. Tras su derrota militar y posterior suicidio comenzó la república parlamentaria que profundizó dichas prácticas fraudulentas y también de obstrucción legislativa. Un ejemplo de ello ocurrió entre 1924 y 1925 cuando el Congreso obstruyó leyes sociales propuestas por el presidente Arturo Alessandri Palma, las que pretendieron remediar parte de los problemas sociales de los sectores populares. En este último caso, el levantamiento armado de la oficialidad joven del Ejército liderada por Carlos Ibáñez del Campo- que terminó con un golpe de Estado y una dictadura- impulsó la decadencia y fin del parlamentarismo chileno a través de una nueva Constitución que modificó la composición política nacional.