Una de las formas con que la oligarquía enfrentó los diversos problemas que acarreó la cuestión social, fueron las actividades destinadas a extender los principios civilizadores en las familias más pobres, con el fin de modelar, educar y reformar a cada uno de sus integrantes. El Estado, la Iglesia Católica y distintas organizaciones privadas tuvieron un rol fundamental en estas iniciativas, fomentando instancias instructivas que incidieran en el mejoramiento de la realidad material y moral de las familias. La mujer, en tanto, fue uno de los grupos en los cuales se centraron mayores esfuerzos, ya que de la buena madre y esposa dependía la formación de una familia bien constituida.

Con este propósito, desde 1930 en adelante se comenzó a ensayar una particular forma de entregar a las madres, casadas o solteras, aquellos conocimientos indispensables para la buena crianza de los hijos, para la organización de la casa y de su familia, y para la consolidación de un hogar devoto que siguiese la moral católica. Estas materias eran impartidas por la visitadora social a cada mujer que asistía a los Centros de Madres, instituciones que no tienen un origen claro, pero que habrían surgido espontáneamente a partir de iniciativas particulares dirigidas específicamente a las mujeres, sin lineamientos generales que coordinasen las actividades de cada una de éstas.

A partir de la década de 1960, ya contando con el derecho al sufragio presidencial y con varias experiencias políticas de organización femenina, las mismas mujeres propusieron la creación de Centros de Madres más dinámicos en sus enseñanzas y objetivos. En 1962, por ejemplo, la sección femenina del Partido Demócrata Cristiano (PCD), propuso la creación de nuevos Centros de Madres que estuvieran relacionados con los ideales de transformación social planteados por este partido. El candidato a presidente del PDC, Eduardo Frei Montalva, vio en este tipo de iniciativas una oportunidad para atraer el voto femenino (que había aumentado de un 35% en 1962 a un 70% en 1964) y alentar, de forma paralela y una vez electo, el desarrollo de la comunidad al alero de la Ley de Promoción Social.

A partir de esta iniciativa, los Centros de Madres cobraron importancia como promotores del cambio social, razón por la cual desde 1964 contaron con una coordinadora estatal llamada Central Relacionadora de Centros de Madres (CEMA), dependiente de la Conserjería Nacional de Promoción Popular. Con la Creación del CEMA los Centros de Madres fueron impulsados, sistematizados y financiados formalmente desde el Estado, dejando atrás su carácter privado, y abarcaron un número cada vez mayor de mujeres a través de organizaciones urbanas y rurales. Durante estos años, además de continuar instruyendo a la dueña de casa en labores relacionadas con el espacio doméstico (como costura, tejido, artesanía, entre otras), los Centros de Madres figuraban como destacados actores en la lucha política, ya que eran consideradas como instancias legítimas de participación social y de formulación de reivindicaciones y demandas, por lo que el grado de politización en su interior estuvo marcado por la polarización ideológica de esos años. En 1966 había 3.000 centros en Santiago y 2.500 en provincias. En el año 1969 existían 6.072 centros.

Durante el gobierno de Salvador Allende, los Centros de Madres continuaron creciendo hasta llegar a unos 10.000 distribuidos por todo Chile. Este incremento, además de nuevas orientaciones políticas, fue la causa de la reorganización del CEMA en otra central llamada Coordinadora de los Centros de Madres (COCEMA), encabezada por la Primera Dama, Hortensia Bussi. Debido a la efervescencia social de esos años, los Centros de Madres se transformaron en un objetivo de los partidos políticos partidarios u opositores al gobierno de la Unidad Popular.

Durante la dictadura, se mantuvo la estructura básica de la Ley 16.880 que había creado los Centros de Madres, aunque con algunas modificaciones que instauraron drásticos cambios en su funcionamiento. En 1974 a través del Decreto N° 226 se dio origen a la Fundación CEMA-Chile, transformándose en una institución privada presidida por la esposa del general Augusto Pinochet, Lucía Hiriart de Pinochet. Las colaboradoras de CEMA-Chile se denominaban "voluntariado" y por lo general estaba constituido por esposas de militares y de autoridades del gobierno militar, predominando un clima asistencialista, paternalista y vigilante hacia las "socias", es decir, hacia las pobladoras. Por su parte, las irregularidades en la administración de esta fundación y sus recursos, fueron cuestiones que mermaron sustancialmente el apoyo de la ciudadanía a estas organizaciones.

Con el retorno a la democracia, CEMA-Chile no fue adoptada por la autoridad del nuevo gobierno por ser una institución de carácter privado. Frente a un nuevo escenario en la administración pública y a nuevas dinámicas en las relaciones sociales, los Centros de Madres perdieron dinamismo y, en su mayoría, dejaron de ser actores sociales relevantes. Las mujeres, por su parte, optaron por la participación en otras entidades otorgando un nuevo dinamismo a las organizaciones femeninas.