Entre las reformas al sistema colonial introducidas por la monarquía española durante la segunda mitad del siglo XVIII, tuvieron especial importancia aquellas referidas a la organización del sistema judicial.

La primera de ellas fue la Instrucción de Regentes dictada en 1776, que creó la figura de los regentes, funcionarios letrados encargados de presidir la Real Audiencia en ausencia del gobernador, repartir las salas, distribuir las causas y dirigir en general al real tribunal en lo judicial, económico y administrativo.

La segunda reforma importante, aplicada en Chile desde 1786, fue la implantación del sistema de Intendencias. Los intendentes y subdelegados, que reemplazaron a los corregidores como autoridades locales, recibieron amplias atribuciones administrativas, judiciales, militares y de hacienda, limitando de esta manera los amplios poderes que tradicionalmente había detentado la Real Audiencia, la que quedó relegada a funciones preferentemente judiciales.