A la llegada de los españoles, los pehuenches y los puelches eran bandas cazadoras recolectoras. El territorio pehuenche abarcaba ambas vertientes de la Cordillera de los Andes entre el río Maule y el volcán Lonquimay. La población pehuenche se integraba en torno a pequeñas bandas especializadas en la caza de guanacos, ñandúes y ciervos andinos, y en la recolección del piñón o pehuén, fruto que les otorga el nombre y la esencia de su cultura. En la caza y en la guerra demostraban su habilidad en el manejo de las boleadoras y las flechas. Fabricaban sus viviendas o toldos con ramas y pieles, estableciéndose cerca de ríos y esteros. Las bandas eran presididas por el antepasado masculino de mayor edad, quien ejercía el poder en calidad de lonko o cabeza de familia. Los pehuenches creían en una vida después de la muerte, y lo manifestaban enterrando a sus difuntos acompañados de armas, utensilios y adornos.

Durante los primeros años de la conquista, su relativo aislamiento permitió sólo contactos esporádicos con los españoles, aunque rápidamente aprendieron a manejar el caballo. Con el paso del tiempo, la relación entre los pehuenches y los españoles estuvo dominada por el tráfico y el comercio de diversos productos como pieles, ponchos, plumas de avestruz a cambio de: trigo, licor, espuelas y plata. A través de asaltos y maloqueos a las haciendas, los pehuenches lograron controlar grandes masas de ganado que comercializaban a uno y otro lado de la cordillera.

Desde mediados del siglo XIX compradores y arrendatarios chilenos iniciaron la enajenación de tierras pehuenches de uso ancestral, reduciendo drásticamente el territorio de las comunidades y originando, desde entonces un permanente conflicto entre los pehuenches y los colonos y el Estado chileno. Con el objetivo de consolidar el proceso de ocupación, a fines de 1882 el ejército chileno avanzó hacia la cordillera para establecer los fuertes de Nitrito, Lonquimay, Liucura, Llaima y Maitchú.

En la primera mitad del siglo XX, se formó la Comisión de Radicación Indígena, frente a la oposición de los dueños de fundos, ante lo cual acudieron los pehuenches amenazados de perder la totalidad de sus tierras. En este contexto, los caciques pehuenches iniciaron una serie de demandas para obtener el reconocimiento de sus derechos ancestrales, por lo que el conflicto se centró en los juzgados locales. Durante el régimen militar de Augusto Pinochet, se inició un proceso de subdivisión de la propiedad comunitaria que permitió a los pehuenches obtener títulos de dominio particulares, pero que sepultó aún más la tradición cultural y social, basada en la apropiación, uso y aprovechamiento colectivo de los frutos de la tierra.

A fines del siglo XX, buscando favorecer las reivindicaciones indígenas, el Estado compró para los pehuenches parte del fundo Quinquén en US$ 6.15 millones. Al mismo tiempo, amparados en la ley indígena de 1992, pehuenches y ecologistas retrasaron por años la construcción de las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco, y logrando obtener compensaciones económicas y territoriales a cambio de acceder a la inundación de sus tierras.