Las reformas sociales implementadas a inicios de la década de 1980 significaron profundas transformaciones en materia laboral, de vivienda y educación, y en la estructura y mecanismos de funcionamiento en el área de la salud, regulando su accionar y alentando los procesos de descentralización. A partir de las modificaciones puestas en marcha, las cotizaciones de salud pudieron dirigirse alternativamente hacia dos sistemas de seguros que funcionaron de manera paralela y con lógicas muy distintas: los cotizantes tenían la capacidad de escoger entre el servicio público, representado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) o los seguros privados de salud ofrecidos por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE).

Con la publicación en 1980 del Decreto-Ley Nº 3.500 se consolidó en Chile una reforma definitiva al sistema de pensiones que, hasta ese entonces, adoleció de falencias en su regulación. A partir de este momento se puso fin a un sistema basado en beneficios establecidos, gestionado por múltiples Cajas de Previsión y financiado mediante el mecanismo de reparto administrado mayoritariamente por el Estado, de carácter obligatorio para empleados y obreros en relación de dependencia. El nuevo modelo propuso la opción de las contribuciones definidas, gestionado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), reguladas y supervisadas por el Estado, financiado mediante la capitalización en cuentas individuales y que, además, fuese obligatorio para los trabajadores que tuvieran contrato.