Las últimas décadas del siglo XIX vieron nacer en Chile las primeras manifestaciones de la llamada cuestión social. El desarrollo económico obtenido a partir de la bonanza del salitre y el carbón, sólo contribuyó a acentuar la mala distribución de los ingresos y las miserables condiciones de vida en que se desenvolvían las clases bajas, la situación laboral de los obreros y la relación rendimiento-salario exhibieron una precariedad que no coincidía con los logros económicos alcanzados. En ese contexto, la Iglesia y ciertos sectores políticos e intelectuales comenzaron a efectuar llamados de atención a la clase dirigente.

Específicamente durante el gobierno de Germán Riesco se produjeron emblemáticas huelgas y paros de mineros, estibadores, ferrocarrileros y otros grupos sociales. La mayoría de ellos fueron reprimidos violentamente, lo que contribuyó a aumentar la tensión social.

La política económica del gobierno significó una nueva prórroga del retorno al régimen de conversión metálica, aprobada por el Congreso y respaldada por la clase dirigente ligada al mundo agrícola. Por otra parte, la carrera armamentista con Argentina se tradujo en cierta inestabilidad que hacía imposible realizar el cambio de régimen. La emisión de billetes de curso obligatorio incrementó el descenso del tipo de cambio, lo que disparó los precios y con ello la especulación. La inflación descontrolada produjo una carestía que afectó a ciertos productos de consumo indispensable, por lo que esta alza de precios estuvo directamente relacionada con la miseria que, en conjunto con las magras condiciones laborales, desataron una ola de huelgas.

En 1903 se produjo la huelga de estibadores de Valparaíso, quienes exigían el mejoramiento de sus condiciones laborales a la Pacific Steam Navigation Company. En 1905 Santiago se vio convulsionado por la protesta convocada en repudio al elevado precio de la carne, consecuencia del alto impuesto de internación del ganado argentino, esta fue la llamada Huelga de la carne que significó cerca de 200 muertos y miles de heridos. Este hecho dejó de manifiesto que la cuestión social era más que un discurso político e intelectual. La última gran manifestación popular que enfrentó la administración Riesco fue el paro general de Antofagasta de 1906. En esta ocasión las reivindicaciones nacieron de los operarios del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, el cual en esa fecha ya se extendía hasta la ciudad de Oruro.

Dentro de la escasa legislación social que surgió en este período se cuenta la Ley Nº 1.838, promulgada el 20 de febrero de 1906, la cual fomentó la destrucción de viviendas insalubres e inhabitables y la construcción de casas higiénicas. Su objetivo era terminar con las situaciones de hacinamiento, promiscuidad y la proliferación de enfermedades. Algunos juicios posteriores la reconocen como la primera normativa legal que intenta abordar el problema de forma integral, pero para otros, es una más de las leyes ilusorias y de reducida aplicación que nacieron en el período parlamentario.

Una polémica que debió sortear la administración Riesco fue la aplicación de la Ley de alcoholes Nº 1.515 promulgada en 1902, normativa que intentó combatir una de las principales causas de los "males sociales" que afectaban a las clases bajas, como el alcoholismo y la prostitución. La diferencia que la ley estableció entre el gravamen de la fermentación de la uva y el grano, puso en pie de lucha a los agricultores de los departamentos de La Unión y Osorno. Además, esta norma estableció condiciones horarias y físicas para la venta de alcohol, junto con severas penas para la embriaguez y la creación de un Asilo de Temperancia.