En 1571 se estipuló que los indígenas que practicaran la hechicería, adoctrinando contra la fe y provocando muertes mediante sus hierbas y sortilegios, debían ser sometidos a juicio. Ante la consulta de si el Santo Oficio de la Inquisición podía proceder contra indios bautizados, la respuesta fue que sólo los tribunales seglares eran competentes para conocer de estos casos, lo que fue ratificado en 1575.