Las cárceles rurales estuvieron durante todo el siglo XIX marcadas por la precariedad. Con muros en ocasiones a punto de derrumbarse, sin presupuesto para alimentar a los reos ni espacio para separarlos de acuerdo a las nuevas ideas penitenciarias, estuvieron muy lejos de alcanzar el ideal regenerador que se le quiso dar. Los presupuestos municipales no alcanzaban ni siquiera para atender las demandas de orden y seguridad, por lo que el bandidaje rural se mantuvo como una realidad endémica hasta bien entrado el siglo XX.

Con la creación de Carabineros de Chile, en 1927, se centralizó y racionalizó el esfuerzo represivo. El financiamiento y control municipal de la policía y las cárceles, que había sido establecido en 1891 con la Ley de Comuna Autónoma, fue reemplazado por el control estatal del sistema represivo, asegurando al mismo tiempo su funcionamiento.