A fines del siglo XIX, médicos y filántropos de nuestro país comenzaron a preocuparse por la suerte de la infancia pobre y desprotegida. En un sector de la elite social, política e intelectual, los valores patrióticos, caritativos y humanos despertaron un genuino interés por mitigar el alto índice de mortalidad infantil y de morbilidad en la población chilena. A la luz de la cuestión social, identificaron los bajos salarios, el desempleo, el hacinamiento y la deficiente infraestructura sanitaria, como las principales causas de las dolencias digestivas y respiratorias que llevaban a la muerte y a la enfermedad. La esperanza de revertir la debilidad física, intelectual y moral que observaban en el pueblo, se depositó en mejorar la subsistencia y atención sanitaria de gestantes y niños. En coherencia con ello, se interpeló a las mujeres a adaptarse a las modernas formas de crianza y se discutió sobre el dilema entre maternidad y trabajo. Los médicos realzaron el problema materno-infantil como un asunto de salud pública que merecía políticas de prevención, tal como se consignaba en relación a las epidemias.

En este plano, se consideró la pobreza de las madres como un factor que implicaba un alto riesgo en la sobrevivencia de los menores. Bien expresó esta inquietud el galeno Víctor Körner en el Primer Congreso de Protección a la Infancia el año 1912, cuando clamó: "la miseria de la madre, es la muerte del niño!". Durante la primera mitad del siglo XX este interés se reflejó en la creciente influencia del Estado en la protección materno-infantil que, hasta la década del veinte, solo recaía en obras de caridad. Las políticas sanitarias se concentraron en brindar a las madres pobres, trabajadoras e indigentes, atención profesional del parto y puerperio, y asistencia sanitaria y social al lactante. El control prenatal también fue promovido, pero en este periodo tuvo escaso impacto, en gran parte por la insuficiente cobertura de la oferta asistencial.

Tempranamente, los médicos del área materno-infantil, salubristas y visitadoras sociales, reconocieron entre las madres pobres un segmento de mayor vulnerabilidad: el de las madres solteras. En efecto, durante gran parte del siglo XX, se afirmó que la principal causa de la mortalidad infantil era la ilegitimidad de los hijos. Según distintos estudios, los llamados hijos ilegítimos quedaban desprovistos de los recursos económicos que en una familia "bien constituida" el padre aportaba como proveedor del hogar. Como se constataba, sin vínculo conyugal los hombres podían fácilmente evadir sus obligaciones parentales. Por todas estas razones, se sostenía que el abandono de la pareja exponía al niño a sufrir con mayor vigor los embates de la carencia, como el hambre y el frío. Añadían que a falta de un jefe de familia, la madre debía emplearse privando al retoño de la vital leche materna. Además de las penurias referidas, apuntaban con compasión que la situación de ellas se agravaba con el repudio social que recibían, inclusive por parte de su propia familia, por evidenciar que sostenían relaciones sexuales fuera de la institución matrimonial, lo cual se consideraba inmoral. La situación de desamparo de estas mujeres determinó que los profesionales dieran particular interés a este asunto, identificándolo como "el problema de la madre soltera".

Desde su inicio en 1924, el emergente Estado de Bienestar contempló a la maternidad obrera en sus leyes de previsión social. Las obreras madres solteras contaron con la protección que la Caja de Seguro Obrero Obligatorio otorgaba a todas las aseguradas. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres pobres, casadas y solteras, quedaron marginadas de estos beneficios, encontrando asistencia sanitaria y social en un reducido número de instituciones de la beneficencia pública y privada. En la década del treinta se revitalizó la preocupación por "el problema de la madre soltera", multiplicándose los estudios acerca de ellas, sobre todo por parte de las visitadoras sociales, quienes mantenían un estrecho contacto con este segmento de la población. Se recopilaron estadísticas, y se escribió sobre el origen y soluciones relativas al fenómeno. Los políticos también se pronunciaron al respecto con gran interés. En 1937 la Ley Madre y Niño, impulsada por el ministro de Salud Eduardo Cruz-Coke, amplió el grupo de beneficiarias y los beneficios otorgados por la Caja de Seguro Obrero. No obstante, solo en 1952, con la instauración del Servicio Nacional de Salud, la totalidad de madres e hijos pobres tuvieron los mismos derechos relativos a atención sanitaria y dotación de leche, que se otorgaba tanto a las madres como a sus hijos. Empero, solo recién en 1998, desapareció la desigualdad ante la ley entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio civil.