Desde mediados del siglo XVIII la política de la monarquía española tendió a asegurar la paz en la región fronteriza de la Araucanía, lo que se buscó a través de la realización de periódicos parlamentos -acuerdos entre mapuche e hispano-criollos- y una política que buscaba una progresiva asimilación de la población indígena a través de la fundación de pueblos en la región que sirvieran como estímulo para la paz y el comercio.

Presentamos a continuación un informe presentado en 1752 al rey Fernando VI por Joaquín de Villarreal, en la que éste propone la fundación de 8 pueblos de 50 a 80 pobladores en la región de los ríos Laja y Bío-Bío, provistos de armas y soldados para su defensa, que estimularan la radicación en pueblos de los mapuche. Para esto, plantea la necesidad de tratar a los indígenas que quisieran asentarse en los nuevos poblados como vasallos libres de la Corona, con los mismos derechos que los demás pobladores.