El 12 de noviembre de 1874, bajo la presidencia de Federico Errázuriz Zañartu, se promulgó el Código Penal chileno. Este entró en vigor el 1 de marzo de 1875, y varias de sus disposiciones originales continúan vigentes hasta hoy en día. El escrito se proyectó, fundamentalmente, sobre la base de sus predecesores español (1848) y belga (1867). Su redacción estuvo a cargo de un connotado equipo de juristas, presidido por Alejandro Reyes. Con el Código de 1874, más allá de las virtudes y defectos de todo texto jurídico, se consolidó una forma propiamente chilena de hacer justicia.

Al momento de la promulgación del Código Penal, sus disposiciones resultaron rupturistas para varios sectores, como la Iglesia Católica, que sufrió la revocación del fuero eclesiástico, una prerrogativa detentada desde la Colonia. También hubo un quiebre definitivo con el derecho penal español, que, tras la emancipación, siguió operando como marco normativo general.

Ciertos delitos comprendidos en este texto legal tenían por castigo la muerte del culpable. Con la Ley 17266 de 1970, que modificó el Código Penal y el Código de Justicia Militar en lo referente a la pena capital, se le permitió a los jueces optar por el presidio perpetuo como castigo máximo. Solo los traidores a la patria, en casos especialmente graves, continuarían pagando su castigo forzosamente con su vida. Hasta el momento de la dictación de esta normativa habían sido ejecutadas alrededor de 60 personas en virtud de lo dispuesto por el Código Penal. Cuatro condenados más morirían por este concepto, dos en 1982 y otras dos en 1985. Indultos presidenciales en la década de los noventa impidieron más fallecimientos debidos a la pena de muerte, que finalmente fue revocada en 2001 a través de la Ley 19734.