La ley de municipalidades de 1891 colocó a todas las policías de la república bajo la dirección y financiamiento de los municipios, pudiendo intervenir el Presidente de la República sólo en el nombramiento y separación de los prefectos. Con esta legislación los alcaldes podían requerir de la autoridad correspondiente, el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de las ordenanzas municipales e impartir órdenes directas en el desempeño de sus funciones. Como efecto de esta ley, las nuevas policías municipales sufrieron una aguda falta de recursos y se consolidó el caciquismo político a través de la intervención de los alcaldes en los procesos electorales, utilizando las policías de seguridad.