La política de liberar el mercado del transporte urbano implicó la autorización de la libre importación de los vehículos, el acceso a la actividad, la libertad tarifaria y de recorrido. La aplicación de los principios de la libre competencia al transporte urbano generó efectos positivos y negativos. Por un lado impulsó el desarrollo de nuevos recorridos ampliando la cobertura de la red de transporte urbano de la capital, pero por otra incrementó la congestión vehicular debido al desordenado crecimiento del parque de buses; contribuyó a la contaminación del aire y aumentó el desorden del tránsito santiaguino debido a la superposición de líneas. El caso más evidente sigue siendo el de la Alameda, artería por la cual llegó a circular el setenta por ciento de los buses de Santiago.

Hacia el fin de la década de 1980, el sistema de transportes presentaba claras deficiencias como altas tarifas, vehículos viejos, baja ocupación, creciente congestión y contaminación. En este contexto, un documento elaborado en 1990 sugirió reexaminar el sistema de remuneraciones, impulsando el sueldo fijo por sobre el porcentaje derivado del corte de boletos. Esta medida contribuiría a eliminar las irregularidades en la entrega de los boletos a los usuarios, la competencia frenética por pasajeros en las calles de Santiago y los accidentes de tránsito. Por otra parte, proponían desarrollar la carrera de conductor orientada a la profesionalización del oficio y a la estabilidad laboral.