Entre las reformas estatales adoptadas por el gobierno militar destacaron aquellas relacionadas con los recursos fiscales, con el proceso de las privatizaciones; con la regulación económica, cuyo propósito principal fue el de revertir la tendencia intervencionista del Estado; con el programa de concesiones de infraestructura y con el sistema de gestión ambiental pública. De esta manera, el Estado emprendió un programa consistente en privatizar los activos que estaban en su poder a manos privadas, además de implementar un fuerte ajuste fiscal, lo que significó una disminución del gasto público. Mediante la ejecución de estas normativas se pretendió modernizar el Estado, que cumplía una labor subsidiaria y fiscalizadora, especialmente en materias sociales y macroeconómicas.