El 10 de diciembre de 1964, a un mes de asumir su nuevo cargo, el presidente Eduardo Frei Montalva convocó en el Palacio de La Moneda a cerca de 200 dirigentes de organizaciones populares y campesinas, para referirse a lo que sería uno de los ejes principales de su gobierno: la Promoción Popular. Esta iniciativa estaba destinada a fomentar las organizaciones comunitarias y a fortalecer la participación de los sectores tradicionalmente marginados de las decisiones nacionales. En virtud de la opción ideológica tomada por la Democracia Cristiana en aquellos tiempos, relativa a ofrecer una alternativa a la polaridad entre capitalismo y socialismo desde el programa Revolución en Libertad, la Promoción Popular buscó una opción diferente al paternalismo estatal y al individualismo privado, mediante la incorporación del hombre a su comunidad nacional. De esta forma, la Promoción Popular situó su principal foco de actividad en el fomento de las organizaciones de base o de la "sociedad civil", sobre todo de los sectores marginales de la sociedad, y se orientó a promover la participación ciudadana en diversas áreas como la organización vecinal, la capacitación cultural, deportiva y social, los Centros de Madres, la capacitación de dirigentes populares, y la organización sindical.

Durante 1968 se dictó la Ley Nº 16.880, conocida como Ley de Promoción Popular. Esta normativa, junto con legalizar las mencionadas organizaciones, estableció canales por los cuales estas entidades pudiesen mejorar sus condiciones sociales a través del aumento de infraestructura comunitaria (pavimentación de caminos, renovación del alumbrado público, mejoramiento de alcantarillado, entre otros). Como organismo a cargo de promover, gestionar y monitorear el proceso de Promoción Popular, la nueva normativa dió origen a la Consejería Nacional de Promoción Popular.