El fomento a la vivienda, la construcción de escuelas y hospitales, la asignación familiar en virtud del contrato laboral del cónyuge y la mejor remuneración de sus parejas, contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las mujeres, aun cuando parte de estos beneficios fueran adquiridos en función de su relación marital. En la búsqueda de universalizar las prestaciones estatales, fue notable la incorporación de las mujeres campesinas en el Programa Nacional de Planificación Familiar. La distribución de métodos de anticoncepción a las mujeres campesinas tuvo efectos en el descenso de su fecundidad, declinación que ya era visible en las mujeres urbanas desde hace algunas décadas. La mayor cobertura del Servicio Nacional de Salud de esta época, marcó también el incremento de la atención profesional del parto en los campos y el gradual declive del oficio de las parteras.

Estos cambios se acompañaron de un fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que dirigía el Estado, cuyo fin era informar y alfabetizar a la población campesina, y también, impartir capacitación en diversos oficios para generar alternativas laborales. Estas agrupaciones también cumplían la función de recrear y generar redes de apoyo en la comunidad rural.

La participación local de algunas mujeres se amplió a nivel regional e interprovincial al concurrir a congresos y encuentros femeninos rurales tales como el Primer Congreso de Mujeres Campesinas, celebrado en 1965. Estas actividades, que convocaban preferentemente a miembros de Centros de Madres, eran instancias donde las mujeres pensaban y debatían sobre la sociedad que querían construir y hacían pública su adhesión al gobierno, pero desde un lugar y de un modo distinto que los hombres.