En la segunda década del siglo XX, el sistema político chileno entró en una profunda crisis. La emergencia de movimientos sociales populares y de clase media puso en cuestión el manejo oligárquico del Estado, demandando profundas reformas políticas, sociales y económicas. El sistema semiparlamentario que existía se demostró incapaz de resolver las nuevas demandas sociales, paralizado por las constantes rotativas ministeriales, las luchas entre facciones políticas y la debilidad de la figura presidencial.

La reforma al sistema político se materializó en una nueva Constitución política, la que fue aprobada a fines de 1925. La nueva carta fundamental fijó un régimen representativo, de carácter presidencial y con una separación estricta de poderes. El presidente desarrollaría las funciones de jefe de Estado y gobierno, nombrando y removiendo a los ministros; un Congreso bicameral tendría una función colegisladora; y la forma de gobierno territorial sería unitaria. Por otra parte, separó definitivamente la Iglesia del Estado y modernizó la estructura estatal.

Entre 1932 y 1970, bajo esta Constitución, el sistema político se perfeccionó, permitiendo el acceso de los sectores medios y populares y consolidando una de las democracias más estables de América Latina.