La Guerra del Pacífico tiene su origen en una larga disputa entre Chile y Bolivia para definir sus fronteras en el desierto de Atacama, específicamente, en el territorio ubicado entre las latitudes 23° y 26° sur, entre los ríos Loa y Salado. Desde el momento del conflicto, ambos países han presentado argumentos para demostrar sus derechos históricos según el principio del uti possidetis.

La ocupación del territorio se inició con la instalación de una aduana boliviana en Cobija, en 1825, un precario puerto al norte de Mejillones. Por su parte, el gobierno chileno de Manuel Bulnes reconoció como propio el territorio nortino y estableció su soberanía mediante la dictación de una ley, el 31 de octubre de 1842, que declaró la propiedad chilena sobre el guano existente en la costa del desierto de Atacama hasta Mejillones, en el paralelo 23°. Ello provocó la molestia del gobierno boliviano. Comenzó entonces una intensa disputa diplomática que llevó al Tratado de 1866. Si bien éste fijaba como límite entre ambas naciones el paralelo 24°, señalaba, entre otras disposiciones, que los derechos de exportación de los depósitos de guano y minerales, ubicados entre los paralelos 23° y 25°, se debían repartir a la mitad entre ambos países. El acuerdo estimuló el desplazamiento de trabajadores chilenos hacia el territorio, así como de empresarios que invirtieron en la explotación de recursos minerales como la plata y el salitre.

Un nuevo desencuentro se produjo a comienzos de la década de 1870, cuando el gobierno boliviano desconoció los términos del acuerdo de 1866 y presionó para cambiar el tratado. Ante la amenaza del avance chileno sobre la zona en cuestión, Bolivia y Perú suscribieron en 1873 un tratado secreto de ayuda mutua que se activaría en caso de un conflicto bélico.

Chile y Bolivia firmaron el Tratado de Límites de 1874, que ratificó la frontera del paralelo 24°, pero estableció la engorrosa fórmula de repartir los tributos entre los paralelos 23° y 25°, con la condición de que los tributos a la exportación de minerales y contribuciones de personas, capitales y empresas chilenas en el lado boliviano, quedaran exentas de alza por un período de 25 años. Sin embargo, la grave crisis económica que afectó a los países sudamericanos a fines de la década, llevó al mandatario boliviano Hilarión Daza a subir el impuesto en 10 centavos a la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos. Así se vulneró lo pactado en febrero de 1878. La empresa salitrera solicitó la ayuda del gobierno chileno, el cual exigió infructuosamente durante un año que el gobierno boliviano revertiera la medida.

A principios de 1879, y ante la negativa de la empresa chilena de pagar los impuestos, el gobierno boliviano ordenó su remate para el 14 de febrero del mismo año. El desembarco de tropas chilenas en Antofagasta durante ese mismo día impidió el cumplimiento del dictamen. Perú envió una misión diplomática a Chile para mediar en el conflicto, pero ésta fracasó. En marzo de 1879, en Lima, el Presidente peruano reconoció la existencia del tratado secreto de 1873, lo que fue considerado por Chile como una agresión. Bolivia había cerrado el comercio con Chile y, el 23 de marzo, ambos países se enfrentaron en la batalla de Calama. Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú el 5 de abril de 1879.