El 1 de noviembre de 1700 la casa de Borbón adquirió el trono de España, luego de la muerte de Carlos II, el último de los Austria españoles. Heredó la corona el duque de Anjou, nieto de María Teresa y su marido Luis XIV, rey de Francia. El nuevo monarca tomó el nombre de Felipe V y su llegada al trono español desató de inmediato la guerra contra Austria, que objetaba la legitimidad de Felipe, quien, por su parte, contaba con el respaldo de Francia; mientras que Inglaterra, Holanda, Portugal, Prusia y las provincias de Cataluña y Aragón, se sumaron a sus detractores. El conflicto, conocido como la Guerra de Sucesión, se prolongó hasta 1713, año en que los contendientes firmaron la paz de Utrecht (Holanda), tratado que reconoció los derechos de Felipe V pero que obligó a España a desprenderse de todas sus posesiones europeas y a permitir que Inglaterra desarrollara actividades comerciales en América.

Felipe V y sus consejeros se concentraron en devolverle a España su antiguo prestigio. Para ello introdujeron una serie de reformas que apuntaban a hacer más eficiente la administración de sus dominios, estimular el desarrollo de las distintas actividades económicas y a modernizar las fuerzas armadas. Dichas reformas fueron aplicadas paulatinamente hasta que la derrota militar contra Inglaterra en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que culminó con la caída de La Habana y Manila, obligó al rey Carlos III a profundizarlas.

Las reformas aplicadas por Carlos III pueden analizarse a partir de los ámbitos en que operaban. En el plano administrativo, se creó el Ministerio del Despacho Universal de las Indias, que concentró competencias y atribuciones hasta entonces repartidas en varias dependencias fiscales. En el Nuevo Mundo se instauró el régimen de Intendencias en diversas provincias, lo que suponía el reemplazo de funcionarios criollos por peninsulares, más calificados y cuyos ingresos provenían de la corona y no de arreglos con las elites locales. En la economía se dispuso la aplicación de estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y la minería, mientras se comenzaba lentamente a eliminar el monopolio comercial de la metrópolis sobre sus dominios americanos, reestructurando el sistema tributario a objeto de elevar considerablemente la recaudación pública. En materia eclesiástica, se eliminó toda objeción respecto de la primacía de los derechos de la Corona con la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios del rey de España. Finalmente, en el ámbito militar, las antiguas milicias fueron reemplazadas por ejércitos profesionales para cuya formación se enviaron oficiales y tropas desde Europa.

En síntesis, los cambios en la estructura administrativa, política y económica americana tuvieron tres objetivos: hacer más eficiente el control político de la metrópolis sobre las provincias de ultramar; inducir el mejoramiento de las técnicas agrícola y minera; y generar un aumento de la producción y por lo tanto aumentar los ingresos fiscales. Con ello, la Corona obtendría los recursos necesarios para recuperar el poder militar que alguna vez ostentó.