A mediados de siglo XIX, la pugna ideológica entre conservadores y liberales fue muy apasionada. Uno de los conflictos más trascendentes y de mayor magnitud fue la denominada "cuestión del sacristán" que involucró al arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, y al gobierno de Manuel Montt. Este conflicto otorgó una nueva fisonomía al panorama político chileno al dividir al Partido Conservador y originar las condiciones para el nacimiento del Chile liberal posterior a 1870.

El conflicto comenzó al interior de la administración clerical cuando el sacristán mayor de la catedral, Presbítero Francisco Martínez Garfias, ordenó la expulsión del empleado de la sacristía Pedro Santelices. El arzobispo Valdivieso se encontraba ausente de la ciudad cuando el cabildo Metropolitano, en virtud del Derecho de Patronato, resolvió ignorar la expulsión manteniendo a Santelices en su cargo. Frente a estos sucesos el sacristán mayor presentó su renuncia y se quejó ante el vicario, quién a su regreso a Santiago ordenó nuevamente la expulsión del empleado de la sacristía. Dos miembros del cabildo desobedecieron y apelaron a la resolución del Obispo con un recurso de fuerza ante la Corte Suprema, cuyo fallo fue favorable a las pretensiones de los canónigos rebeldes, ya que conminó al Obispo a suspender la sanción impuesta. Valdivieso recurrió al presidente Montt, pero éste le manifestó que no podía dejar sin cumplimiento un fallo judicial. Monseñor Valdivieso decidió salir desterrado. El Gobierno, arrepentido, consiguió que los canónigos se desistieran ante la Corte Suprema por lo que Valdivieso les levantó el castigo. El recurso de fuerza utilizado por lo canónigos rebeldes fue un derecho inherente del Patronato y consistió en la facultad que tenían los miembros del clero de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar las resoluciones del tribunal eclesiástico.

De este modo, una cuestión que no parecía tener mayor trascendencia precipitó la ruptura del Partido Pelucón y generó la discusión pública sobre los límites de las competencias estatales y clericales.