El Tribunal Supremo de la Inquisición tenía el derecho de otorgar licencias a particulares para la obtención y lectura de libros prohibidos. No obstante estos permisos, existían obras sujetas a prohibición absoluta incluso para las personas con licencias, por ejemplo las que atacasen directamente a la religión católica.

En Chile, eclesiásticos como el presbítero don Martín Sebastián de Sotomayor, el prior de la Recoleta Domínica de Santiago Sebastian Díaz, el franciscano fray Jerónimo Arlegui obtuvieron el permiso, junto con algunos laicos que representaban parte de la elite intelectual del reino. Entre ellos destacó la figura de don Manuel de Salas y don José Antonio Rojas.

El gran interés de Manuel de Salas por la literatura ilustrada lo llevó a solicitar entre 1778 y 1779 una licencia al Tribunal de la Inquisición. En España decidió embarcar escritos a Chile, entre los cuales estaban incluidos algunos ejemplares de obras de absoluta prohibición. Sin embargo, antes de subirlos a bordo fue descubierto y sometido a proceso inquisitorial. Después de largos meses, se demostró su delito, cuya pena fue la remoción perpetua de su licencia, el requisamiento de los libros prohibidos y una multa en dinero.

Otro caso ejemplar fue el de José Antonio Rojas, quien viajó a España en la década de 1770. Amparado por una licencia emanada directamente del Papa, se aprovisionó allí de una gran dotación de libros, entre ellos dos colecciones de la Enciclopedia, obras de Voltaire, Rousseau, Montesquieu y de varios otros autores del pensamiento iluminista. Gracias a la intervención de una extensa red de amigos y familiares logró eludir los controles de la censura en España y Chile. Por la cantidad de libros que logró reunir, José Antonio Rojas se convirtió en uno de los más importantes proveedores de lecturas insurgentes dentro de la elite local.

Mención aparte merece el caso de Camilo Henríquez, quien en 1802 fue procesado por la Inquisición por leer y prestar libros prohibidos, y por haber adherido a las conclusiones del Sínodo de Pistoya, celebrado en 1776 y condenado por el Tribunal Supremo. Producto de esa subversión, Fray Camilo Henríquez fue encarcelado en las prisiones inquisitoriales de un convento en Lima.

Estos tres personajes desempeñaron un papel preponderante en el proceso independentista de Chile. Su común afición a las lecturas prohibidas demuestra el interés que tenían por acceder al pensamiento moderno, a cualquier costo, si bien es que las penas por infringir la censura no eran tan rigurosas durante las últimas décadas de la Colonia.