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Asignaciones familiares

"el salario familiar constituye el reconocimiento del obrero jefe de familia"
(Carlos Villarroel, 1936)

En la década de 1930, las discusiones y proyectos de ley sobre salario mínimo buscaban retribuir al trabajador con una remuneración que le alcanzara para solventar sus necesidades vitales de consumo. La idea, subyacente en el debate salarial de que todo hombre era el proveedor por antonomasia, implicó que el salario no sólo debía cubrir los requerimientos individuales del trabajador sino que los de su familia nuclear. Al mismo tiempo, las leyes salariales también desincentivaban el trabajo femenino al estipular menores remuneraciones para las labores categorizadas como femeninas y que eran socialmente menos valorizadas. La asignación familiar fue una forma de simplificar la discusión acerca del "salario familiar" y de disminuir la controversia de salarios mínimos diferentes para casados y solteros, que podían provocar discriminación laboral. La asignación familiar era un bono monetario que tanto en el sector público como en el privado se otorgaba a los trabajadores por cada hijo o hija, siempre y cuando estuvieran debidamente reconocidos y registrados ante la ley y, para el caso de los hombres, correspondieran a hijos fruto de una relación conyugal legítima. Dicha asignación también era recibida por las mujeres trabajadoras. El Estado, que impulsaba estas medidas a partir de los gobiernos radicales inaugurados con el Frente Popular, tenía el objetivo de remediar la "mala constitución" de la familia chilena para proteger la vida, salud y educación de los niños, concebidos como el futuro del país. Los obreros obtuvieron el beneficio en 1952, con desfase respecto de los empleados (1937). No obstante, los campesinos fueron los que más tardaron en acceder a la bonificación, pues la ley que les adjudicó el derecho en 1953, fue cumplida recién una vez iniciado el proceso de Reforma Agraria, en la década de los sesenta.

No siempre las asignaciones familiares significaron mayor seguridad económica para las esposas y la prole del obrero. A veces el costo de la vida era demasiado alto para mitigarlo con estos aportes. En otras ocasiones, el marido no transfería el dinero a su mujer y lo gastaba en bares, apuestas y prostíbulos. Además, las asignaciones familiares se vinculaban a la conducta laboral del obrero, por tanto aquellos trabajadores que se ausentaban, entre otras razones por declararse en huelga, no tenían derecho a recibir el bono en su integridad.