Errázuriz Echaurren gobernó en pleno parlamentarismo. Al contar con mayoría sólo en el Senado, muchas de sus iniciativas fueron entorpecidas en el Congreso Nacional, el que estaba monopolizado por conservadores y liberales, representantes de la oligarquía chilena. Así, los intereses de los sectores dominantes, particularmente los de la industria bancaria vinculados fuertemente a la agricultura, eran los que finalmente fijaban de forma antojadiza el rumbo del país, evidenciándose una falta de coherencia en las acciones y medidas emprendidas por el Estado. En contrapartida, las demandas de los sectores medios y el bajo pueblo siguieron siendo prácticamente ignoradas y excluidas.

Durante los años que duró su administración se llegaron a conformar cerca de diecisiete ministerios distintos. La efímera duración de los gabinetes -cuya conformación oscilaba entre las dos combinaciones partidistas de la época- fue otro de los factores que redujo la acción gubernativa a la esterilidad e inoperancia y, de paso, contribuyó a desacreditar el régimen político.

El ejercicio del poder público en esas condiciones y el desarrollo de la actividad económica favoreció la improbidad de los políticos, muchos de los cuales se hicieron agentes de firmas extranjeras y nacionales. Asimismo, se generalizó la práctica del cohecho y la falsificación de escrutinios, lo que acentuó aún más la influencia de los intereses plutocráticos en la vida política.

Durante su gobierno, la hacienda pública se encontraba en un estado alarmante a causa de la contratación de empréstitos externos por varios millones de libras, elevando la deuda externa. Asimismo, la saturación del mercado del salitre, principal industria del país, hizo descender su precio, sumado a la caída internacional de los precios del trigo. En conjunto, todos estos hechos generaron graves problemas, como la paralización de faenas y la caída de la productividad en general, cuyo correlato fue la desocupación y un progresivo proceso de empobrecimiento de los sectores medios y populares. Para paliar el déficit fiscal se buscó evitar la dictación de leyes que implicaran nuevos gastos, decisión que perjudicó principalmente a los sectores sociales marginados.

Pese a lo anterior, durante su administración tuvo lugar la ampliación del servicio de tranvías en Santiago, Valparaíso, San Felipe y San Fernando; se inició la construcción del alcantarillado de Santiago; se construyó el tranque de Peñuelas para abastecer de agua potable al puerto de Valparaíso y se fomentó la educación con la creación de los cursos de Matronas, de Enfermeros y Enfermeras y la fundación de varios establecimientos, tales como la Escuela Profesional de Niñas de Valparaíso, el Instituto Comercial de Santiago, un liceo de Niñas en Santiago y otro en Iquique.

Otra de las medidas que implementó, con el fin de enviar una señal de solvencia financiera y evitar la fuga de los capitales extranjeros, fue deshacer en 1898 la conversión metálica, ya que el circulante era muy superior al oro guardado en las arcas fiscales, restringiendo el crédito, perjudicando a la industria, al comercio y elevando notoriamente el costo de la vida. Con la ley de inconvertibilidad, que perjudicó principalmente a los sectores más desprotegidos dado el aumento significativo de la inflación, se declaró la vuelta al régimen del papel moneda y se esperó, a mediano plazo, una recuperación de la economía. Sin embargo, paralelamente a estas medidas, pactó un nuevo empréstito en condiciones onerosas para el gobierno, que vino a reforzar la idea de un Estado descoordinado, que no actuaba en razón a un programa político claro.