Durante los primeros años de la conquista, la tierra no era un recurso de gran importancia en el sistema económico, al contrario de la posesión de mano de obra cautiva con el sistema de encomiendas. Sin embargo, la reorientación de la economía colonial tras la pérdida de todo el territorio sur, luego de la gran rebelión de 1598, y la nueva demanda que significó el espectacular desarrollo de la economía minera en el virreinato del Perú, produjeron un creciente interés en asegurar la posesión de grandes territorios. La elite dirigente logró que la Corona española reconociera su dominio sobre la tierra a través de la concesión de Mercedes de Tierras, que en muchos casos significó la expropiación de los terrenos de los pueblos de indio. Entre 1602 y 1605 se realizó una Mensura General a cargo del capitán Ginés de Lillo, que intentó poner coto a la ambición de los terratenientes, aunque terminó por legitimar la gran propiedad en el valle central. De todas maneras, la tierra tenía todavía sólo un valor simbólico y era mucho más importante la posesión de mano de obra y de instalaciones adecuadas para la elaboración de productos ganaderos. Sólo hacia fines del siglo XVII la demanda peruana de trigo otorgó un valor económico real al gran latifundio, que racionalizó su producción para responder de manera eficaz al estímulo externo.