El decreto de cementerios de 1871 delimitó un espacio secularizado al interior de los cementerios del país, permitiendo la sepultación de hombres y mujeres no católicos en estos recintos donde la Iglesia había tenido un poder incontrarrestable, incluso para impedir la inhumación de cadáveres disidentes. El decreto fue un importante golpe para los partidarios de la Iglesia católica que veían avanzar las ideas liberales sin poder detenerlas.