En 1883 el presbítero Rodolfo Vergara marcó la diferencia entre un cementerio católico y un cementerio fiscal planteando que el primero era el templo de los muertos, un lugar consagrado por las bendiciones de la Iglesia, donde todo respiraba santidad. En contraste el cementerio laico era un potrero amurallado, un sitio que servía de depósito de restos humanos, un lugar de podredumbre bajo tierra para que los cadáveres con sus exhalaciones pestíferas no dañasen la salud de los vivos. Su única razón de ser, a los ojos del Estado, que los construía, era la salubridad pública, lo mismo que un depósito de basuras; era, en fin, un estercolero administrado por los agentes de la autoridad pública.