En la primera mitad del siglo XIX existían penas alternativas a la cárcel en casos de delitos leves, como por ejemplo el destierro o servir en casa honorable, una de las opciones más recurrentes. Sin embargo, la Casa de Corrección predominó como forma de castigo. Por este recinto incluso transitaban mujeres que terminaban cumpliendo su condena como domésticas.

Manuel Montt fue el primer presidente que encargó crear recintos especiales para concentrar a la población criminal femenina. En 1842 decretó la construcción de Casas de Corrección para las presidiarias, o al menos, en el caso de no concretarse lo anterior, la instauración de cárceles con secciones para cada sexo. En 1852 autorizó el establecimiento de la Congregación del Buen Pastor en Chile, primer país de Latinoamérica en recibir a estas religiosas. Al asumir la presidencia José Joaquín Pérez, se exhortó a la Orden a enviar más de sus devotas, con el fin de que sustituyeran a los civiles en la custodia de los penales. Durante el gobierno de José Manuel Balmaceda ya existían siete Casas de Corrección en el país.

Estas correccionales aglomeraban una heterogénea población femenina. La policía y los tribunales de justicia enviaban a estas instituciones detenidas, procesadas, condenadas a presidios en grado menor, medio y máximo, y aquellas que cumplían pena perpetua. Estos mismos centros recibían a las niñas y adolescentes que enviaba el Primer Juzgado de Menores.