La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es una institución autónoma con personalidad jurídica que se relaciona directamente con el Ministerio de Hacienda. Fue creada en 1925 con el objetivo de fiscalizar al Banco Central, al Banco Estado y a cualquier empresa bancaria que tuviera participación en el mercado, velando por el cumplimiento de todas las leyes, estatutos y reglamentos que las rijan, así como sus negocios u operaciones. Dentro de sus potestades se encuentra la de solicitar cualquier documento a la entidad fiscalizada y llamar a declarar a cualquier persona, no importando su posición. En el caso de probarse que alguna institución infringió la ley, esta puede ser amonestada, censurada o multada, según corresponda.