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Caza

Desde tiempos prehispánicos, la caza constituyó una actividad fundamental para la supervivencia y el desarrollo de las bandas cazadoras y recolectoras, que deambulaban buscando presas que les proveyeran alimento, cueros y huesos para la fabricación de armas, herramientas y utensilios. Con la irrupción de los conquistadores españoles se incorporaron nuevas formas de explotación de los recursos naturales, que impactaron progresivamente a la fauna nativa conforme se extendía la ocupación. A comienzos de la República se aprobaron diversas medidas tendientes a una expedita explotación de los recursos terrestres y marinos. La libertad de pesca, por ejemplo, se amplió durante el siglo XIX. No obstante, en 1912, el presidente Ramón Barros Luco envió al parlamento un proyecto de ley elaborado por Federico Albert para regular la explotación de los bosques, gestionar el acceso a los recursos marinos y reglamentar la caza en el país estableciendo derechos en los terrenos de uso público, bonificaciones para la crianza de ciertas especies y primas por la destrucción de cuadrúpedos y aves perjudiciales para la agricultura. Las ideas de Albert sólo se harían realidad en 1929 con la aprobación de la Ley General de Pesca y Caza.