Desde principios del siglo XX, políticos y economistas pusieron en entredicho la continuidad del modelo liberal imperante. La crisis económica permanente que afectó al país desde 1914 y en particular a la industria salitrera que no encontraba estabilidad, generaron un ambiente de descontento social y desconfianza en la estructura de dependencia con respecto a los capitales y el comercio extranjeros.

Estos sentimientos, que se arraigaron en cierta parte del liberalismo, en los partidos de centro y en el mundo obrero y popular -que había logrado una estructura organizacional en sindicatos, confederaciones y partidos políticos de clase- tuvieron una respuesta democrática en la elección en 1920 de Arturo Alessandri Palma (1868-1950), quien planteó un programa de transformaciones sociales y económicas tendientes a dar estabilidad económica y disminuir los efectos de la "Cuestión Social".

A pesar de sus esfuerzos, Alessandri fue incapaz de imponer dicho plan, ya que el parlamento se mostró contrario a desarrollar cualquier tipo de cambio económico o social, basado en sus intereses y en las cercanas relaciones de la oligarquía con el poder económico extranjero.

Luego de las insurrecciones militares de 1924 y 1925, Alessandri fue apoyado por el Ejército, retornó al país para liderar el proceso constituyente y logró poner en funcionamiento sus políticas públicas, legislar en materia social al tiempo que adoptó las recomendaciones económicas de la "Misión Kemmerer". Este primer gobierno de Alessandri fue el impulsor de lo que posteriormente se conoció como "social-productivismo" y "nacional-desarrollismo", es decir, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, en conjunto con el proteccionismo económico y el fomento de la industria nacional, como proyecto liderado principalmente por la clase media y sus alianzas políticas y con ciertos grupos del Ejército.

Tras la renuncia de Alessandri en 1925 y el fracaso del gobierno de Emiliano Figueroa (1866-1931) en 1926, quien asumió la tarea de reorganizar el Estado y la economía nacional fue Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), durante lo que el economista Patricio Meller (1939) denominó como la primera etapa de implementación de la "Industrialización por sustitución de importaciones" (ISI), caracterizada por el aumento en los aranceles a las importaciones, la profundización de las medidas financieras impuestas por el Banco Central, inyección de recursos públicos al área de producción privada y la creación de empresas de carácter mixto, emisión constante de dinero, ampliación del crédito bancario y de la deuda pública, extensión de las obras públicas (ferrocarriles, caminos, edificios públicos, etc.), entre otras medidas (Meller, Patricio. Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago: Editorial Andrés Bello, 1996).

El cambio de un sistema político parlamentario a uno presidencialista a través de la Constitución de 1925, le permitió a Ibáñez desarrollar su proyecto con un fuerte autoritarismo y disminución de la injerencia del parlamento en las decisiones más importantes. Este programa de gobierno -liderado por Ibáñez y su ministro de Agricultura, Industria y Colonización Pablo Ramírez (1886-1949), bautizado como "Plan de Desarrollo Nacional"- partió por la reorganización del Estado, específicamente del Ministerio de Hacienda, ya que se reestructuraron diversas instituciones para mejorar la gestión estatal, como la Dirección General de Impuestos Internos, encargada de recaudar los nuevos impuestos creados por el gobierno para generar recursos fiscales; la Superintendencia de Aduanas que pasó a controlar los aranceles proteccionistas y las importaciones, con la finalidad de favorecer a la producción chilena; la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Salitre y Minas. Todas estas reparticiones estatales tuvieron como finalidad profundizar el rol interventor del Estado en la toma de decisiones económicas, públicas y privadas, además de acrecentar de manera importante el número de profesionales de clase media contratados para diversas funciones (Bernedo Pinto, Gilberto. "Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo: 1927-1929". Historia. Número 24, 1989, p. 20).

En el ámbito del salitre, por ejemplo, para salvaguardar a la industria de su propia crisis interna, se creó la Compañía de Salitres de Chile (COSACH), una sociedad anónima donde el Estado era propietario del cincuenta por ciento de las acciones, mientras que el resto estuvo repartido entre acciones de empresas estadounidenses, chilenas y de otras nacionalidades que se encontraban explotando ese mineral.

Otras instituciones de importancia creadas entre 1927 y 1929 fueron el Consejo de Fomento Carbonero y la Caja de Fomento Carbonero; la Caja de Fomento Salitrero; la Inspección General de Exportadores; el Ministerio de Fomento, encargado del desarrollo de la minería, agricultura, transporte, industria nacional y comercio, entre otros. De las leyes promulgadas en el período destacaron la Ley de Colonización del Territorio de Magallanes; la Ley de Cooperativas Agrícolas; Ley de Tribunales del Trabajo; Ley de Reserva Nacional del Petróleo, etc. (Villalobos, Sergio. "Aguirre Cerda y el pensamiento económico". Tradición y Saber. Año 10, Número 1, junio de 2013, p. 180).

Así mismo, se promulgó el Código del Trabajo y se regularizó la relación entre trabajadores y empresarios, con lo cual se dio cierta estabilidad al sistema laboral, y, por ende, disminuyó la cesantía durante el período. En el ámbito financiero, la firma de préstamos en el exterior, la transformación del Banco Central en prestamista, la utilización de la Ley de Bancos para presionar a los bancos privados a prestar dinero a los diversos sectores de la economía y la regulación de los sueldos, permitieron cierto grado de bonanza económica a través de la producción y el consumo, todo bajo el riesgo de sobrendeudar al Estado, a los privados y de hacer crecer la inflación.

El problema principal de la administración de Ibáñez fue la desestabilización causada por la crisis de 1929 y su profundización en Chile entre 1931 y 1932, lo que llevó a varias de estas políticas públicas a no tener mayor impacto a nivel estructural. Sin embargo, tras la renuncia del caudillo militar, y durante el segundo gobierno de Alessandri, las medidas de Ibáñez no fueron desarticuladas, de hecho, muchas de ellas se profundizaron a través de la gestión de Gustavo Ross Santa María (1879-1961).

Todos estos elementos permitieron la conformación de un Estado distinto al liberal, con un carácter interventor de la economía y que protegió permanentemente al sistema productivo nacional, primer paso para alcanzar el "nacional desarrollismo" de la década de 1940.