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Rol constituyente

Entre 1823 y 1830, el Congreso Nacional cumplió diversos roles, tanto como institución a cargo de ejercer el poder legislativo, así como de actor principal dentro de la discusión y promulgación de las tres constituciones políticas que tuvo la república de Chile. Esta etapa ha sido denominada por los historiadores Iván Jaksic y Sol Serrano como la consolidación del "primer liberalismo" chileno, debido a sus características liberales como la búsqueda de consenso entre las diferentes facciones políticas de la oligarquía, el planteamiento y discusión sobre las libertades individuales y las formas de representatividad democrática. Así también fue relevante la división de poderes y los contrapesos institucionales. (Jaksic, I. y Serrano, S., "El gobierno y las libertades. La ruta del liberalismo chileno en el siglo XIX", en Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó (editores) Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 178). En ese sentido, la intervención del Congreso fue fundamental para la promulgación de las constituciones políticas que intentaron dar una estructura liberal a la nueva república. Entre esos casos está la experiencia "moralista" de Juan Egaña (1823), las "leyes federales" (1826) introducidas durante el gobierno de Manuel Blanco Encalada y, finalmente, la Constitución liberal (1828), obra atribuida a José Joaquín de Mora.

La Constitución de 1823, en su Título VI, determinó la existencia de un Senado Conservador y Legislativo, compuesto por nueve miembros elegidos por seis años con opción a reelección indefinida. La elección fue de carácter censitario, ya que solo podían ser elegidos hombres mayores de treinta años que poseyeran una propiedad. Las atribuciones de este Senado fueron, entre muchas, observar las leyes existentes y su cumplimiento, sancionar nuevas leyes, cuidar el cumplimiento de los designios de la Constitución y ser un contrapeso del poder ejecutivo. Además, se creó una Cámara Nacional que tenía atribuciones referentes a la defensa del país.

Con respecto a la formación de las leyes, el proceso consistió en la discusión y promulgación de leyes, decretos y normas propuestas por el Director Supremo, previa aprobación del Consejo de Estado. Durante la vigencia de esta Constitución, el Congreso se vio limitado por los conflictos entre caudillos del ejército. Además ciertos mecanismos políticos -como el proceso de promulgación de leyes y decretos- eran muy complejos para un país que estaba en proceso de formación como nación independiente. Debido a esto y gracias a la hegemonía que ejercieron las ideas federalistas, se incluyeron en 1826 las denominadas "leyes federales". Estas entregaron atribuciones al Congreso para crear leyes "por las que se dividió el país en ocho provincias, dotadas de asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades respectivas", las que fueron propiciadas por los ciudadanos de Coquimbo y Concepción, liderados por Ramón Freire para dividir el poder entre las provincias y entregarles mayor autonomía (Eyzaguirre, J., Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Santiago: Editorial Universitaria, 1979, p. 75).

Junto con esto, el Congreso aprobó la creación de una comisión constituyente liderada por José Miguel Infante para redactar una Constitución federalista, proceso que se vio truncado en 1827 por falta de acuerdo entre las asambleas provinciales, el poder central y el Congreso. Debido al fracaso del federalismo se volvió a organizar un Congreso constituyente en 1828, donde se discutió una nueva carta magna. Esta se promulgó el 8 de agosto de ese año y fue conocida como la Constitución Liberal. Este Congreso liberal no logró mayores avances en el ámbito legislativo debido a la guerra civil entre liberales y conservadores. Con el triunfo del ejército conservador en 1830, el rol constituyente del congreso desapareció y comenzó un nuevo proceso en la vida política nacional.