Tras la consolidación de la Independencia, Bernardo O´Higgins tomó el mando de la nación tras la negativa de José de San Martín de ser gobernante de Chile. En dicho proceso, O´Higgins acumuló todo el poder político a través de la creación de su cargo como Director Supremo, otorgado por el Cabildo de Santiago. Esta designación preocupó a parte de la ciudadanía por su postura contraria la aristocracia y por prohibir el uso de los escudos de armas y los títulos nobiliarios. Además, O'Higgins intentó abolir los mayorazgos, una fórmula jurídica que utilizó la aristocracia para heredar sus bienes al hijo mayor de la familia, concentrando así su riqueza y evitando la diversificación. También fue contrario a la democracia representativa y al federalismo, que fueron la fórmula política inspirada en Estados Unidos que utilizaron varias de las nuevas naciones americanas

Aunque era republicano, el Director Supremo pensó -según Jaime Eyzaguirre- que la sociedad chilena carecía de madurez para instituciones democráticas y inclinó hacia la dictadura militar como medio de organización republicana. Lo anterior le causó conflictos con los criollos ilustrados que propusieron un camino liberal para dar forma al Estado y a la nación chilena. Esto se sumó a las demandas tributarias de O´Higgins para financiar tanto al nuevo Estado y sus reformas como la expedición libertadora del Perú. El asesinato de los hermanos Carrera y de Manuel Rodriguez causaron gran conmoción en la sociedad y fue otro de los factores que implicó una ruptura en las relaciones.

Todos estos factores precipitaron que el cabildo de Santiago exigiera al Director Supremo la creación de un Congreso y la dictación de una constitución provisoria. Según el historiador Jaime Eyzaguirre, O´Higgins "rehusó de inmediato a todo lo que se le pedía, pero un mes después nombró una comisión encargada de redactar una carta política, que al fin fue sometida a la aprobación popular por el sistema de "suscripciones". La Constitución provisoria de 1818 no vino sino a dar apariencia legal a la dictadura. Entregó el Poder Ejecutivo en manos de un Director Supremo, cuya designación se daba por verificada y al que no se le fijó termino para su mandato. Instituyó un Senado de cinco miembros y un Supremo Tribunal Judiciario, todos de nombramiento del Director" (Eyzaguirre, J., Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Santiago: Editorial Universitaria, 1979, p. 71-72).

Los senadores propietarios electos fueron José Ignacio Cienfuegos, religioso patriota: Francisco Fontecilla, el gobernador intendente de Santiago; Francisco Antonio Pérez, el decano del Tribunal de Apelaciones; Juan Agustín Alcalde, terrateniente que desde el primer cabildo abierto de 1810 participó activamente del proceso independentista y ocupó varios cargos públicos; y, finalmente, José María de Rozas, abogado patriota y posteriormente parlamentario por varios periodos.

Las funciones de este Senado fueron las de "velar por la puntual observancia de la misma [Constitución] y reclamar de cualquier infracción al Director Supremo […]. Sin su acuerdo, el Director no podía resolver los grandes negocios del Estado: imponer contribuciones, levantar empréstitos, declarar la guerra, celebrar tratados, acreditar agentes diplomáticos, organizar nuevas tropas o mandarlas fuera del país, emprender obras públicas y crear nuevos empleos. También estaba autorizado para limitar, añadir y enmendar la constitución; dictar, reformar, derogar e interpretar leyes y reglamentos; fomentar especialmente la instrucción pública, reglar las elecciones de diputados, etc. Poseía, en una palabra, las atribuciones de un congreso ordinario, y en cierto modo, las poseía aumentadas, pues estaba investido del poder de reformar la Constitución, poder que por lo general no reciben los congresos sino con ciertas limitaciones" (Roldan, A., "Los desacuerdos entre O'Higgins y el Senado Conservador", Memorias Científicas y Literarias, Santiago: Impr. Cervantes, 1892, p. 180).

Durante los primeros años de funcionamiento del Senado no hubo mayores discrepancias, sin embargo, los altos tributos impuestos a la ciudadanía y el financiamiento de la causa libertadora fuera de las fronteras de Chile mermaron la relación entre O´Higgins y el Senado.

Hacia 1821 las diferencias entre el Director Supremo y el Senado fueron irreconciliables, lo que llevó a O´Higgins a renunciar a su cargo, acordando con el cuerpo legislativo que José Antonio Rodríguez Aldea, uno de sus hombres de confianza, junto a un cuerpo de diputados elegidos denominado "congreso preparatorio" redactasen una nueva Constitución. Esta se promulgó en 1822 a pesar de las críticas al sistema de elección de los diputados constituyentes y a la poca confianza en que Rodríguez Aldea liderase el proceso.Dicho texto definió al nuevo Congreso, dividido en dos cámaras y programaron las elecciones para el año 1823. El Congreso quedó compuesto por 37 diputados y siete senadores. La mayoría de estos parlamentarios fueron de tendencia liberal, incluyendo a varios federalistas, lo que permitió que se le entregara el cargo de Director Supremo a Ramón Freire.