La Constitución de 1833 fue promulgada por el presidente José Joaquín Prieto Vial el 25 de agosto de 1833. Según Alberto Edwards la nueva Carta se fundamentó en "las dos más poderosas tradiciones de organización y gobierno, que nos han legado tres siglos de coloniaje: la centralización y la autoridad. […] al constituirse [Chile] era natural que tomara en cuenta ese pasado, los hábitos y nociones en él adquiridos y sus costumbres" (Edwards, A., "La Constitución de 1833", Pacífico Magazine, Santiago: Volumen I, número 5, 1913, p. 595-596). Ese espíritu constitucional, adquirido a través de las discusiones de la Convención y del "Voto Particular" de Mariano Egaña, quedó expuesto en su articulado.

En lo que concierne a la definición territorial y al ejercicio de la soberanía, se mantuvieron los elementos de la Constitución de 1828, extendiéndose Chile desde el desierto de Atacama al Cabo de Hornos, y de la cordillera de los Andes al océano Pacífico, además del archipiélago de Chiloé, Juan Fernández y las islas adyacentes.

Se decretó también que la republica chilena era representativa y popular, única e indivisible, terminando con las ideas federalistas que proyectaba la división del poder entre las provincias. En el caso de la religión, esta Constitución definió a la católica como la oficial, excluyendo esta vez el culto de cualquier otra religión.

Aumentó la edad de veintiuno a veinticinco años en los solteros para el caso del ejercicio de los derechos ciudadanos y específicamente para el sufragio, y de veintiuno para los casados; en este caso era necesario tener algún oficio o trabajo establecido, pero al mismo tiempo tener una propiedad, su equivalente en dinero o algún tipo de inversión, es decir, se impuso una democracia censitaria basada en diferencias económicas sustanciales, elitizando la política nacional y creando una oligarquía.

Sobre el sistema de gobierno, se optó por una república presidencialista, donde el jefe de Estado dominaba a las fuerzas armadas, era colegislador junto con el Congreso y sometía a su arbitrio a las cámaras de diputados y senadores, podía vetar y aplicar el Estado de Sitio, entre otras facultades extraordinarias como la de suspender la Constitución.Lo anterior se utilizó con la finalidad de imponer el orden público, aunque este mecanismo también fue utilizado para llevar a cabo algunas políticas públicas o leyes bloqueadas por el Congreso.

Dotó además al presidente de un Consejo de Estado compuesto por sus ministros y hombres de confianza, una especie de camarilla o corte dedicada a asesorarlo en diversas materias. Además, los presidentes durarían cinco años con derecho a reelección inmediata, lo que dio origen a los "decenios conservadores" entre 1831 y 1861. Los expresidentes podían optar a una tercera reelección, pero dejando pasar cinco años más desde su último ejercicio del cargo.

En el ámbito social, uno de los elementos más importantes fue el lugar predominante del Estado en relación a la ampliación de la enseñanza pública, creando incluso una superintendencia educacional que introdujo el principio de "Estado Docente". Para fortalecer el Ejército y el compromiso de la población con el proyecto político conservador, se implementó el servicio militar obligatorio.

A todas luces la nueva Constitución reformó el orden político anterior y profundizó elementos fundamentales para la centralización y ejercicio del poder. Como señala el historiador Gabriel Cid, el proceso constituyente y la propia carta constitucional fueron la forma elegida por la elite conservadora para lograr terminar con el proceso revolucionario abierto en 1810 y en que había ensayado varias iniciativas de estructuración de la república, permitiendo además una estabilidad que los favoreciese política, social y económicamente (Cid, G., "Terminar la revolución: el debate político-constitucional en Chile, 1829-1833", Revista de Estudios Políticos, Santiago, número 176, pp. 17-45).